Rechazarán en la Justicia una decisión del Instituto de la Propiedad
Industrial; podrían subir los medicamentos,
La discusión por patentes volvió a la escena y reabrió una histórica grieta
entre el Gobierno y los laboratorios nacionales, que ya se aprestan a hacerla
pública con diversas denuncias ante la justicia y publicaciones en medios
masivos.
El disparador fue la Resolución N° 56 del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI), que estableció, en pocas palabras, que los estudios
realizados por oficinas nacionales de patentes de otros países podían ser
considerados a la hora de otorgar o negar un pedido en la Argentina.
Desde Cilfa, la cámara que reúne a la industria farmacéutica nacional, aseguran
que la norma "vulnera principios contemplados en seis leyes, y además va a
permitir 'importar' patentes extranjeras subordinando la soberanía sanitaria y
científica nacional en favor de intereses económicos de otros países".
Podría aumentar el precio de los medicamentos
La cámara farmacéutica no sólo tiene previsto presentar un amparo ante la
Justicia para frenar la aplicación de la resolución, sino que, además, según
confirmaron a LA NACION y consta en el texto que harán público en los próximos
días mediante solicitadas en medios masivos, también prevé denunciar al titular
del INPI, Dámaso Pardo.
"Esta medida favorece a los monopolios extranjeros y provocará un aumento de los
precios de los medicamentos, con el consiguiente impacto sobre los presupuestos
familiares y de los sistemas de salud públicos y privados", señala el texto.
"Tendrá, además, un efecto negativo sobre el empleo, las inversiones y el
desarrollo de la industria argentina", alerta.
Pero fuentes del Ministerio de Producción dejaron trascender que no habría
vocación de dar marcha atrás con la resolución. "El antecedente [del estudio
hecho por otras oficinas nacionales] no es vinculante: el INPI luego del
exhaustivo proceso de análisis, podrá otorgar o denegar la patente de acuerdo a
los criterios de novedad, altura inventiva y aplicación industrial tal como lo
establece la normativa. Bajo ningún aspecto esto significa delegar soberanía de
ningún tipo en propiedad intelectual", dijeron al ser consultadas por LA NACION.
En la actualidad, señalaron desde el ministerio que conduce Francisco Cabrera,
el INPI tiene unos 28.000 expedientes de solicitud de patentes sin resolución.
"Un 60% no tiene relación con la industria farmacéutica o biotecnológica. La
resolución permite avanzar en el estudio de estos expedientes a fin de ayudar a
las industrias", explicaron. "Pero no afecta la calidad del examen de la
patente. La ventaja de este procedimiento es que acelera el proceso y reduce los
costos asociados evitando dobles esfuerzos. Pone a la Argentina en sintonía con
la región. El mismo procedimiento ha sido adoptado por Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Paraguay y Uruguay", aseveraron.
Una discusión de fondo
Pero en los laboratorios ven en la resolución del INPI un primer paso para
terminar de habilitar la discusión de patentes, que hace años reclaman las
empresas extranjeras.
Incluso, desde las compañías nacionales, afirman que la norma del INPI
favorecerá lo que en la industria se conoce como "evergreening", que es la
posibilidad de que a un mismo medicamento se le extienda la patente por un
período de 20 años, simplemente modificándole levemente su composición
molecular.
"Afuera, en el exterior, está la costumbre de patentar todo. Uno puede cambiarle
el uso o una pavada a un remedio y conseguir una nueva patente. Con lo cual si
el INPI toma todo tal cual llega del exterior va a ser un descontrol y va a
perjudicar mucho a la industria local", se sinceró el responsable de un
laboratorio nacional, que pidió no ser identificado. "El Gobierno para arrimarse
al mundo transa en cosas que no le convienen", sentenció.
Anteayer, tras una acalorada discusión entre los directores de la cámara, los
laboratorios nacionales se decidieron a dar batalla. El conflicto recién
comienza.
Fuente: Diario La Nación.
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