En Argentina el derecho a la salud se encuentra protegido por la Constitución y
esta ley lo viola.
Ciudad de Buenos Aires (Argentina).- Aunque para algunos parece una controversia
cuanto menos insólita, la importancia de las vacunas y la inmunización se
constituyó en el último tiempo en uno de los debates más importantes en materia
de salud del siglo XXI. Sin embargo, la discusión transgredió en los últimos
años los límites de la ciencia y se convirtió en un tema político, legal y hasta
filosófico.
Con el surgimiento de una corriente de pensamiento crítica de las vacunas se
comenzó a consolidar un grupo importante de padres que prefieren pasar por alto
los procesos de inmunización de sus hijos. Estados Unidos –uno de los países con
la situación más crítica respecto de este movimiento– vio resurgir en 2014
epidemias de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa (erradicadas en el
país desde 2002 y 1970, respectivamente) con más de 20.000 afectados.
Si bien en la Argentina todavía no hay un movimiento anti-vacunas
consolidado, un polémico proyecto de ley puso el tema en debate.
La autora de la iniciativa, que ahora giró a la Comisión de Acción Social y
Salud Pública, es diputada de Unión Pro Paula Urroz.
En su artículo 1, el citado proyecto propone que “las personas que sean pasibles
de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna
que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información
fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión
implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico, en
cumplimiento del derecho al consentimiento informado establecido en el Capítulo
III de la Ley 26.529″.
Asimismo, la iniciativa establece que “en los lugares públicos y privados donde
se suministren vacunas de cualquier tipo deberá exhibirse de forma visible un
cuadro informativo donde se advierta sobre las contraindicaciones para la
aplicación de las vacunas”.
Y aclara que “en caso de presentarse efectos adversos de cualquier naturaleza,
el damnificado o sus representantes legales tendrán la obligación de
denunciarlos ante la Secretaría de Salud”.
Entre los fundamentos de su proyecto, Urroz establece que “las vacunas contienen
componentes de naturaleza tóxica (aluminio, mercurio, polisorbatos,
formaldehído, etc.) y biológicos (virus y bacterias muertas o atenuadas, restos
de ADN de células de cultivo humanas y animales) que conllevan un riesgo,
constatado en los hechos, de muerte, enfermedad aguda o crónica de variada
naturaleza, a lo que hay que añadir la modificación del patrimonio genético”.
“En los EEUU se compensó desde 1986 (año de vigencia de la Ley de Reparación de
Efectos Adversos Vacunales) con dos billones de dólares a quienes sufrieron
efectos adversos, teniendo en cuenta que según las mismas autoridades sanitarias
sólo se denuncia un 10% de dichos efectos y se reconoce sólo la tercera parte de
los casos denunciados como tales”, informó Urroz en su propuesta, al tiempo que
consideró que “siendo un acto médico que implica posibles daños, incluso
irreparables, se debe considerar el Principio Precautorio y por lo tanto,
incluirse dentro del derecho al consentimiento informado”.
Consultada la médica infectóloga Lilian Testón aseguró que “las vacunas
protegen la salud de los niños y adultos y salvan vidas. Previenen enfermedades
graves e incluso algunas formas de cáncer”. Y remarcó: “Existen décadas de
experiencia que indican que las vacunas son seguras y efectivas y lograron
erradicar enfermedades como la polio (excepto en Pakistán, Nigeria, Afganistán),
la viruela, la difteria (actualmente existe un brote en Venezuela por la
vulnerabilidad sociopolítica en que se encuentra), el sarampión, tétanos y
paperas”.
“Entiendo que este proyecto de ley se acerca mucho al activismo anti-vacunas
que existe en los EEUU y se acrecentó con las opiniones del presidente Donald
Trump y sus asesores en el tema –analizó la coordinadora del Departamento de
Epidemiología de Grupo Stamboulian–. Estoy de acuerdo con que los padres
sepan los efectos adversos de las vacunas que reciben sus hijos, en su gran
mayoría leves, y que se publican cada semana en el Boletín Integrado de
Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación y son informados por la mayoría
de los médicos”.
Al respecto, el doctor Daniel Stamboulian, experto inmunólogo y
director de Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei) señaló de
manera categórica: “Las vacunas fueron y son, después del agua potable, los
elementos más importantes para la reducción de las enfermedades y muertes”. Y
agregó: “Los llamados ‘grupos anti-vacunas’ no tienen ningún sustento científico
que los avale. Cuando existe una vacuna capaz de prevenir una enfermedad, es
siempre mejor inmunizarse antes que padecer la infección. Hay que pensar que, si
la persona que se enferma pertenece a un grupo de riesgo, puede tener
complicaciones graves e, incluso, perder la vida”.
A su tiempo, la doctora Romina Romero, médica especializada en
infectología y microbiología clínica, responsable de microbiología en el
laboratorio Bombicino Diagnósticos, resaltó que “los agentes infecciosos que
provocan las enfermedades prevenibles mediante vacunación siguen circulando en
algunas partes del mundo, por lo cual, en un mundo altamente interconectado,
esos agentes infecciosos pueden atravesar fronteras geográficas e infectar a
cualquier persona no protegida”. Para ella, “existen dos motivos fundamentales
para vacunarse: por un lado, protegernos a nosotros mismos y, por el otro,
proteger a quienes nos rodean. La erradicación mundial de la viruela en la
década de los 80, y de la poliomielitis en la Argentina en 1984, se dio gracias
a la vacunación masiva y sostenida a lo largo de generaciones y generaciones”.
Para finalizar, Testón sentenció: “No vacunar a un niño implica un riesgo
social, ya que se convierte en un vector para que la enfermedad continúe la
cadena de transmisión”.
Leído en Proyecto Salud
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