Los datos
técnicos nunca modifican las decisiones políticas cargadas de fanatismo
ideológico. Priorizar en salud pública implica un proceso de análisis de
información que incluye: magnitud del problema, vulnerabilidad, trascendencia
social, costo/beneficio de las acciones y aceptación social, entre otros. En
este sentido quisiera señalar aquellos problemas que considero que debieron
haberse abordado e informado a la población el primer día de gestión ministerial.
Durante los
últimos 20 años la tasa de mortalidad infantil (TMI) de la Argentina fue
significativamente mayor que la de Chile y Uruguay; en 2017 la TMI de la
Argentina fue un 30% mayor que la de nuestros vecinos. Si tuviéramos un sistema
de salud con igual desempeño que el de estos dos países, el número de muertes
infantiles que se evitarían sería de 2000 por año. ¿Alguien habla de este tema?
¿Cuál es el plan? El propio ministerio registra que el 55% de las muertes
infantiles son reducibles (¿evitables?).
Con relación a
la mortalidad materna, más del 80% de las defunciones no están relacionadas con
aborto criminal, el 60% de las mujeres que se asisten en los hospitales
públicos no realizaron ningún control obstétrico cumplido el cuarto mes de
embarazo. Son 174 mujeres embarazadas que mueren por año por hipertensión,
hemorragias, enfermedades respiratorias, infecciones, etc. ¿Quién se ocupa de
estas muertes evitables? Un 30% de las maternidades no cumplen las condiciones
obstétricas y neonatales mínimas con inadecuada atención del parto, falta de
anestesistas o sangre segura. Los sanitaristas lo saben y callan, y las
feministas no disponen de esta información. El nuevo protocolo no resuelve
estos temas, más bien los oculta.
Respecto de
las enfermedades transmisibles, el Ministerio de Salud registró 10.000 casos nuevos
de tuberculosis durante el último año, se triplicaron los casos de sífilis y de
sífilis congénita, que es otro fracaso de la salud pública.
En lo
estructural, son necesarias reformas profundas. El sistema de salud continúa
fragmentado y segmentado. Podemos clasificar a la población en quintiles según
su nivel de ingreso, agruparlas según el nivel educativo alcanzado, y también
según la cobertura médica que tengan: pública, de la seguridad social con obras
sociales "ricas" y otras de modestos recursos, e incluso dentro del
sector privado los planes también segmentan. Nuestro sistema de salud tiene un
fin perverso: garantizar inequidades... Los sanitaristas lo saben, pero, salvo
algunas excepciones, nadie modificó la esencia del problema. Ningún país en el
mundo tiene 300 obras sociales, con el PAMI siempre desfinanciado, que
concentra a los que más enfermedades tienen y disponen de menos recursos, y un
sistema público nacional, provincial y municipal que afecta la eficiencia. Los
recursos que recibe el sistema de salud deberían producir mejores indicadores
en esta área. Las leyes de emergencia sanitaria promulgadas en los últimos años
solo contribuyeron a fertilizar esta fiesta, que sufren muchos y de la que se
benefician pocos. Todos coinciden con este diagnóstico, pero ninguno emprende
la verdadera reforma.
En este
contexto es lógico esperar actores que se beneficien y vidas que se pierdan.
Rector de la
Universidad Católica Argentina
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