Los derechos del paciente, en especial aquellos referidos a la autonomía personal y la autodeterminación, vienen siendo en las últimas décadas motivo de verdadera preocupación para los operadores jurídicos y sanitarios, fundamentalmente si se tiene en cuenta el incremento de los índices de judicialización, la creciente participación ciudadana en salud y la ausencia de políticas públicas sanitarias sustentables.
El binomio
médico-paciente, reemplazado en la actualidad por el trinomio equipo de
salud-paciente-familia, estuvo basado en un modelo paternalista,
hospitalocéntrico, con eje en aspectos meramente biológicos, que excluyó toda
consideración de procesos históricos y condicionantes sociales, económicos,
culturales e ideológicos respecto de la causalidad y desarrollo del proceso
salud enfermedad.
Durante décadas,
el padecimiento fue considerado patrimonio exclusivo del saber médico, poniendo
en segundo plano el papel de los individuos.
Empero, el cambio
de paradigma operado en la sociedad, generó un nuevo proceso de adaptación que
tuvo reflejo en la consagración legislativa del principio de autonomía, como se
observa con la sanción de la Ley 26.529 y el Código Civil y Comercial. A pesar
de ello, nos preguntamos cuantas organizaciones sanitarias conocen y han
implementado esos cambios.
Dichas norma
pretendieron modificar aquel viejo modelo, entendiendo al ciudadano como sujeto
capaz de tomar decisiones sobre su cuerpo, de acuerdo a su propio proyecto
vital, pero hasta el momento sólo se logró que el propio sistema se apropiara
de esa decisión para elegir por el médico y el paciente, qué, cómo, dónde,
cuándo y cuánto dar en salud.
Observamos otros
cambios muy profundos en orden a información y tecnologías sanitarias. Internet
ha revolucionado el acceso y hemos sido testigos del pasaje, en corto tiempo,
de una escasa información sobre temas de salud a una escalada comunicacional de
muy variada calidad, casi imposible de cribar. Aun así, ello no implica
necesariamente más conocimiento ni más responsabilidad. Se requiere aumentar la
conciencia individual y social a través de proyectos dedicados a la ciudadanía
sanitaria, donde ese ciudadano con mayor conciencia, colaboración y compromiso,
adopte un rol verdaderamente participativo y protagónico en el proceso de toma
de decisiones, gestionando su salud para un mayor cumplimiento del plan
terapéutico acordado.
Este cambio del
rol de pacientes a ciudadanos sanitarios requiere además de una adecuada
planificación de las políticas públicas, una mirada diferente en la relación
médico paciente, junto a una sociedad organizada, con activas asociaciones de
pacientes, que puedan contribuir a una mayor democratización sanitaria.
Estos son los
retos hacia el futuro, combinar el humanismo y los avances tecnológicos, para
una sociedad que necesita más inclusión, más justicia y más equidad.
Dra. Marisa Aizenberg
Abogada experta
en Derecho de la Salud
Consultora en Políticas
Públicas,
Tecnología Médica e
Innovación Sanitaria
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