Investigadores de instituciones de México, Chile, Argentina y Estados Unidos, analizaron cuatro experiencias nacionales de transformación digital en salud.
Un equipo de investigadores del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad
Mayor de Chile, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina,
el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud de Chile y la
Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard publicó un estudio que examina
cómo se implementan en la práctica las políticas de transformación digital en
salud (DHT, en inglés) en Latinoamérica. La investigación analizó cuatro casos
nacionales: Uruguay, Argentina, Chile y México, países seleccionados por su
diversidad en estructuras de gobernanza y por encontrarse en distintas etapas
de transformación digital.
El estudio, publicado en npj
Digital Medicine, parte de un vacío identificado en la literatura
especializada, que aunque existen numerosos marcos que recomiendan cómo los
países deberían abordar la transformación digital en salud, son pocos los
trabajos empíricos que examinan cómo estas políticas se implementan realmente,
y la mayoría se concentra en describir proyectos digitales aislados sin atender
las dimensiones políticas ni la escala nacional de las iniciativas.
Los autores definen la
transformación digital en salud como un proceso que va más allá de la
digitalización de flujos de trabajo analógicos, para abarcar cambios sistémicos
en la gobernanza, la legislación, el financiamiento y la cultura institucional.
Señalan que esta transformación es particularmente relevante en sistemas de
salud con recursos limitados y fragmentación institucional, condiciones comunes
en la región, y que puede actuar como un habilitador de la cobertura universal
de salud al ampliar la cobertura poblacional, mejorar la calidad de los
servicios y fortalecer la protección financiera.
La investigación empleó un diseño
de estudio de casos múltiples, con una red de expertos regionales que participó
en la definición de las preguntas de investigación y en la validación de los
hallazgos. El proceso se desarrolló en cuatro fases entre marzo de 2024 y marzo
de 2025. Para ello se conformó una red de 12 expertos, tres por país; un taller
regional realizado en Buenos Aires en julio de 2024 para consensuar el marco
analítico; la realización de 32 entrevistas semiestructuradas entre agosto de
2024 y febrero de 2025, complementadas con una reunión regional en Ciudad de
México en diciembre de ese año; y la redacción final del informe con
retroalimentación de la red de expertos.
Las entrevistas se realizaron a
funcionarios públicos, gestores de sistemas de salud, especialistas técnicos,
representantes de la sociedad civil y académicos, con una duración promedio de
50 minutos. El equipo de investigación aplicó un marco analítico de siete
categorías, adaptado de marcos previos como el de análisis político de Campos y
Reich, el Marco Consolidado para la Investigación en Implementación (CFIR) y el
marco de Villalobos Dintrans y Bossert sobre factores de sostenibilidad. Las
siete categorías fueron: objetivos de política, factores técnicos, factores
financieros, cultura y estructura organizacional, factores políticos, equipos
de implementación y estrategias de implementación.
Los casos analizados fueron Mi
Historia Clínica Digital (Mi HCD) de Uruguay, iniciada en 2017 para
garantizar el acceso equitativo de la ciudadanía a su información clínica; la Estrategia
Nacional de Salud Digital (ENSD) de Argentina, lanzada en 2018 y
vinculada al objetivo de cobertura universal de salud; el Sistema de
Información de la Red Asistencial (SIDRA) de Chile, en desarrollo continuo
desde 2008 para digitalizar procesos clínicos y administrativos; y el Sistema
de Información Básica en Salud (SINBA) de México, originado en 2013 con una
reestructuración parcial en 2019, orientado a generar evidencia para la
planificación de políticas públicas.
El estudio encontró que en los
cuatro casos existió escasa claridad en la definición y comunicación de los
objetivos de política. En Chile, un alto funcionario señaló que el enfoque de
SIDRA se limitó a la “computarización”, sin objetivos ambiciosos vinculados a
resultados en salud, mientras que otro funcionario de nivel medio indicó que la
estrategia partió de la lógica de cómo registrar datos, sin considerar cómo
esto mejoraría los procesos. Un funcionario crítico añadió que el sistema no
puso al paciente en el centro, sino al hospital, como mecanismo de control de
gestión.
En México, aunque el objetivo
formal de SINBA era garantizar información de calidad a menor costo de
producción, los objetivos de la política fueron comunicados de forma
deficiente, generando interpretaciones divergentes entre los actores
involucrados; un funcionario describió que el sistema no ofrecía beneficio
directo para el usuario, por tratarse de un sistema de registro de datos. En
Uruguay, el objetivo formal de Mi HCD era garantizar el derecho ciudadano de
acceso a la propia información clínica, pero la falta de una estrategia de
comunicación hacia el usuario final hizo que la información permaneciera en el
nivel de las autoridades. En cambio, en Argentina el objetivo de la ENSD estuvo
explícitamente vinculado a la meta nacional de cobertura universal de salud, y
la creación previa de una mesa de trabajo en salud digital permitió,
según un funcionario, avanzar hacia la estandarización de procesos dentro del
sistema de salud.
Cabe destacar que las carencias
de infraestructura básica, como conectividad, equipamiento y capacidad de red,
representaron una barrera evidente en Argentina, México y Chile. En México,
muchas unidades no pudieron adoptar el sistema porque sus computadoras carecían
de la capacidad para abrirlo, lo que llevó a los usuarios a percibirlo como una
carga administrativa adicional. En Argentina, la conectividad en zonas rurales
fue identificada como una de las áreas más críticas, incluso por encima de la
falta de expedientes clínicos electrónicos. En Chile, la implementación
temprana se vio afectada porque los hospitales carecían de equipos, puntos de red
o incluso de tomas de corriente.
El estudio también documentó
riesgos técnicos más complejos, como decisiones tempranas sobre estándares y
arquitecturas que generan dependencias difíciles de revertir. En Chile, el
uso de clasificaciones estadísticas para el registro de diagnósticos médicos
fue calificado como un gran error por un funcionario, condición difícil de
modificar debido a intereses comerciales ya consolidados. En Uruguay, el
equilibrio entre seguridad digital y usabilidad no logró resolverse: los altos
estándares de seguridad exigían a los usuarios contar con un dispositivo
adicional para validar su identidad, lo que llevó a un informante a cuestionar
de qué sirve tener algo tan seguro si nadie puede usarlo.
En materia financiera, con
excepción de Chile, los cuatro países reportaron carencias importantes de
fondos. En Argentina, un funcionario señaló que la mayoría de los recursos
que impulsaron la estrategia provinieron de préstamos internacionales,
insuficientes para financiar la implementación a nivel provincial. En México,
la responsabilidad de invertir en infraestructura recayó en los estados, y
muchas entidades no cumplieron por falta de presupuesto asignado. Chile
representó el caso excepcional de financiamiento adecuado, aunque enfrentó
rigidez presupuestaria, un facilitador de implementación explicó que SIDRA
llegó únicamente con una partida presupuestaria para la compra de servicios, lo
que dejó al equipo sin margen para contratar personal especializado pese a
contar con recursos para equipamiento. En Argentina, la afiliación a la
organización internacional de estándares SNOMED International implicó, según un
funcionario, un trámite administrativo significativo para poder pagar como
Ministerio de Salud.
El estudio identificó que la usabilidad
de las herramientas digitales para el personal de primera línea determinó
en gran medida el nivel de involucramiento con la implementación. Un
funcionario argentino resumió la tensión de forma directa al señalar que
normalmente la implementación de tecnología simplifica la vida del usuario,
salvo en salud, donde suele complicarla. Más allá de la usabilidad, las
políticas plantearon cuestiones de autonomía profesional, por ejemplo, en
Chile, el gremio médico expresó su oposición argumentando que estar frente a
una pantalla implica dejar de mirar al paciente, mientras que en Argentina el
personal de atención primaria percibió la reserva de citas en línea como una
amenaza a su autonomía profesional, al volver transparentes acuerdos informales
de agenda antes sujetos a menor supervisión institucional.
El estudio también documentó una
brecha generacional consistente en los cuatro países, en la que el personal de
salud de mayor edad mostró más resistencia a las herramientas digitales,
mientras que el personal más joven las adoptó con mayor facilidad, un patrón
descrito en Chile como el contraste entre quienes nacieron con un control de
videojuegos en la mano y quienes no saben encender una computadora.
En el plano político, el riesgo
asociado a los ciclos electorales fue una preocupación compartida en los cuatro
países, aunque las estrategias para gestionarlo produjeron resultados
distintos. Uruguay ofreció el ejemplo más exitoso, al anclar su iniciativa
dentro de la agenda nacional de transformación digital gestionada por AGESIC,
lo que sirvió, según un funcionario, como puente entre una administración y
otra para evitar que todo cambiara. Argentina, por su estructura federal, tuvo
que negociar la implementación con gobiernos subnacionales autónomos, un
proceso que un funcionario describió como una combinación de incentivos y
persuasión. En Chile, la centralización del apoyo político excluyó la
participación de los niveles regional y operativo, lo que generó, según un
funcionario, falta de continuidad entre administraciones. En México, la
política dependió inicialmente de la oficina presidencial de transformación
digital, y cuando ese actor perdió poder político, según relató un funcionario,
la oficina colapsó y todo se vino abajo.
El estudio destacó el papel de
los equipos de implementación como factor habilitador clave. Argentina
incorporó a estudiantes de medicina como implementadores de primera línea, por
hablar el mismo lenguaje que los médicos en ejercicio, lo que les permitió ser
recibidos de una manera distinta según describió un funcionario. En Chile,
SIDRA comenzó como una iniciativa impulsada por especialistas informáticos sin
presencia de personal clínico en el equipo, una ausencia que generó decisiones
de diseño que ignoraron los flujos de trabajo clínicos y que debió corregirse
posteriormente mediante la incorporación gradual de profesionales con formación
clínica que actuaran como intérpretes.
En Uruguay, un funcionario
reflexionó que no basta con que los ingenieros resuelvan las cosas solos,
porque los proyectos de salud digital son, en el fondo, proyectos de
salud para las personas. En México, los implementadores subrayaron la importancia
de una estrategia de mercadeo para comunicar el valor de la solución, señalando
que hay que saber vender la solución y sus beneficios. Un miembro del equipo
argentino relató que la reacción típica de los usuarios era preguntar si de
verdad iba a suceder y cuándo iba a funcionar, lo que refleja la dificultad de
sostener el compromiso de los actores cuando los beneficios de la
transformación digital permanecen abstractos y distantes.
El estudio concluye que ningún
factor por sí solo explica el éxito o el fracaso de la implementación de estas
políticas, y que la interacción entre las dimensiones técnica, política,
cultural, organizacional y financiera resulta tan relevante como cualquier
factor individual. Los autores señalan que la región enfrenta un desafío
estructural, dado que la mitad de los países de Latinoamérica carece de agendas
digitales nacionales y aproximadamente 60% carece de estrategias
de ciberseguridad. También advierten que solo 30% de los adultos en la
región posee habilidades digitales básicas, frente a cerca de 80% en países de
altos ingresos.
Entre las limitaciones
reconocidas por el equipo de investigación se encuentra que el análisis se basó
en entrevistas cualitativas y documentos de política cuya disponibilidad varió
entre países, que los cuatro casos no representan la totalidad de las experiencias
de salud digital en la región, y que las perspectivas recogidas
reflejaron principalmente a los actores directamente involucrados en la
implementación, con una representación limitada de usuarios finales y personal
de primera línea.
Fuente: Consenso Salud
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