miércoles, julio 05, 2017

Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR con el eje puesto en la compra conjunta de medicamentos de alto costo.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile –en su calidad de Estado Asociado– se pronunciaron a favor de trabajar en la compra conjunta de medicamentos.
En el marco de la XL Reunión de Ministros de Salud del Mercosur que se celebró el viernes pasado en el Palacio San Martín, de la Cancillería argentina, los ministros de Salud del Mercosur firmaron una declaración sobre medicamentos en la que se destaca “la importancia de priorizar la salud pública en las negociaciones de acuerdos de libre comercio”. Además, la misma propone “continuar promoviendo la adopción de criterios que protejan la salud pública en el examen de solicitudes de patentes”.
En el documento, el titular de la cartera sanitaria argentina, Jorge Lemus, junto a sus pares de Brasil, Ricardo Magalhaes Barros; de Paraguay, Antonio Barrios; y de Uruguay, Jorge Basso Garrido, también subrayaron la necesidad de “seguir fortaleciendo el acceso a los medicamentos genéricos y bioterapéuticos similares, de calidad, seguros y eficaces”, al tiempo que indicaron “la importancia de la inclusión de la Denominación Común Internacional en las patentes farmacéuticas a los efectos de facilitar la identificación de los medicamentos”.
Al inaugurar la reunión Lemus expresó: “La integración es un pilar que nos permite afrontar mucho de los actuales desafíos. Para nosotros es fundamental lograr el máximo nivel de la salud de nuestra población”. El ministro argentino agregó que “estos encuentros del Mercosur nos permiten identificar nuestros problemas comunes, intercambiar informaciones y aunar esfuerzos para aprovechar oportunidades sanitarias”.
El eje principal de la reunión fue la compra conjunta de medicamentos de alto costo “para lograr la adquisición a precios accesibles para nuestros pueblos”, tal como definió Lemus. “Para no dejar a nadie atrás tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos que sabemos que no son infinitos. Estamos mancomunados para enfrentar los desafíos comunes con nuestro máximo objetivo que es la salud de la población”, acotó.
El ministro Antonio Barrios de Paraguay declaró que “la agenda de la reunión incluyó temas que nos interesan muchísimo como la compra conjunta de medicamentos y vacunas”.
Por su parte, el ministro brasileño indicó que “el margen de ahorro que podría producir la compra conjunta es significativo ya que en negociaciones conjuntas de productos patentados podemos conseguir descuentos que puede llegar a un 70 u 80 por ciento”.
“Hemos sido beneficiados en compras conjuntas por tema VIH a través de las cuales la población chilena se beneficia con precio justo de esos medicamentos. Esta reunión es muy importante para la búsqueda de acuerdos de presupuestos accesibles para nuestra población”, manifestó el jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud Pública de Chile, Tito Pizarro Quevedo.
Finalmente, el ministro uruguayo sostuvo que “más allá de las particularidades y las contingencias de cada uno de nuestros países, tenemos una serie de desafíos comunes que lograremos si somos capaces de consolidar un mecanismo eficiente de intercambio de experiencias en beneficio de la población”.
La declaración de los ministros de Salud del Mercosur se inscribe en un contexto que reconoce al suministro de medicamentos esenciales como uno de los pilares de la atención primaria de la salud y, siguiendo resoluciones internacionales, manifiesta la responsabilidad de los Estados para garantizar el más alto nivel posible de salud a partir del acceso a medicamentos asequibles, seguros, eficaces y de calidad.
Durante el encuentro se presentó el informe sobre los resultados de la Presidencia Pro Tempore Argentina de los temas trabajados en el primer semestre del 2017, entre lo que se destacó la labor realizada por el Comité Ad Hoc de negociación conjunta de Medicamentos de Alto Costo. Por su parte, el director de Epidemiología de la cartera sanitaria nacional, Raúl Forlenza, disertó sobre la situación epidemiológica de la región.
También participaron de la reunión autoridades sanitarias nacionales como los secretarios de Operaciones y Estrategias de Atención de la Salud, Andrés Scarsi; de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos, Adolfo Rubinstein; las subsecretarías de Relaciones Institucionales, Miguela Pico; de Coordinación Administrativa, Cecilia Loccisano y el subsecretario de Programas de Promoción, Prevención y Atención Primaria, Mario Kaler.

Leído en Comunicar Salud

martes, julio 04, 2017

La comunidad científica en contra de la ley anti vacunas.

 En Argentina el derecho a la salud se encuentra protegido por la Constitución y esta ley lo viola.
Ciudad de Buenos Aires (Argentina).- Aunque para algunos parece una controversia cuanto menos insólita, la importancia de las vacunas y la inmunización se constituyó en el último tiempo en uno de los debates más importantes en materia de salud del siglo XXI. Sin embargo, la discusión transgredió en los últimos años los límites de la ciencia y se convirtió en un tema político, legal y hasta filosófico.
Con el surgimiento de una corriente de pensamiento crítica de las vacunas se comenzó a consolidar un grupo importante de padres que prefieren pasar por alto los procesos de inmunización de sus hijos. Estados Unidos –uno de los países con la situación más crítica respecto de este movimiento– vio resurgir en 2014 epidemias de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa (erradicadas en el país desde 2002 y 1970, respectivamente) con más de 20.000 afectados.
Si bien en la Argentina todavía no hay un movimiento anti-vacunas consolidado, un polémico proyecto de ley puso el tema en debate.
La autora de la iniciativa, que ahora giró a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, es diputada de Unión Pro Paula Urroz.
En su artículo 1, el citado proyecto propone que “las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico, en cumplimiento del derecho al consentimiento informado establecido en el Capítulo III de la Ley 26.529″.
Asimismo, la iniciativa establece que “en los lugares públicos y privados donde se suministren vacunas de cualquier tipo deberá exhibirse de forma visible un cuadro informativo donde se advierta sobre las contraindicaciones para la aplicación de las vacunas”.
Y aclara que “en caso de presentarse efectos adversos de cualquier naturaleza, el damnificado o sus representantes legales tendrán la obligación de denunciarlos ante la Secretaría de Salud”.
Entre los fundamentos de su proyecto, Urroz establece que “las vacunas contienen componentes de naturaleza tóxica (aluminio, mercurio, polisorbatos, formaldehído, etc.) y biológicos (virus y bacterias muertas o atenuadas, restos de ADN de células de cultivo humanas y animales) que conllevan un riesgo, constatado en los hechos, de muerte, enfermedad aguda o crónica de variada naturaleza, a lo que hay que añadir la modificación del patrimonio genético”.
 “En los EEUU se compensó desde 1986 (año de vigencia de la Ley de Reparación de Efectos Adversos Vacunales) con dos billones de dólares a quienes sufrieron efectos adversos, teniendo en cuenta que según las mismas autoridades sanitarias sólo se denuncia un 10% de dichos efectos y se reconoce sólo la tercera parte de los casos denunciados como tales”, informó Urroz en su propuesta, al tiempo que consideró que “siendo un acto médico que implica posibles daños, incluso irreparables, se debe considerar el Principio Precautorio y por lo tanto, incluirse dentro del derecho al consentimiento informado”.
Consultada la médica infectóloga Lilian Testón aseguró que “las vacunas protegen la salud de los niños y adultos y salvan vidas. Previenen enfermedades graves e incluso algunas formas de cáncer”. Y remarcó: “Existen décadas de experiencia que indican que las vacunas son seguras y efectivas y lograron erradicar enfermedades como la polio (excepto en Pakistán, Nigeria, Afganistán), la viruela, la difteria (actualmente existe un brote en Venezuela por la vulnerabilidad sociopolítica en que se encuentra), el sarampión, tétanos y paperas”.
 “Entiendo que este proyecto de ley se acerca mucho al activismo anti-vacunas que existe en los EEUU y se acrecentó con las opiniones del presidente Donald Trump y sus asesores en el tema –analizó la coordinadora del Departamento de Epidemiología de Grupo Stamboulian–. Estoy de acuerdo con que los padres sepan los efectos adversos de las vacunas que reciben sus hijos, en su gran mayoría leves, y que se publican cada semana en el Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación y son informados por la mayoría de los médicos”.
Al respecto, el doctor Daniel Stamboulian, experto inmunólogo y director de Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei) señaló de manera categórica: “Las vacunas fueron y son, después del agua potable, los elementos más importantes para la reducción de las enfermedades y muertes”. Y agregó: “Los llamados ‘grupos anti-vacunas’ no tienen ningún sustento científico que los avale. Cuando existe una vacuna capaz de prevenir una enfermedad, es siempre mejor inmunizarse antes que padecer la infección. Hay que pensar que, si la persona que se enferma pertenece a un grupo de riesgo, puede tener complicaciones graves e, incluso, perder la vida”.
A su tiempo, la doctora Romina Romero, médica especializada en infectología y microbiología clínicaresponsable de microbiología en el laboratorio Bombicino Diagnósticos, resaltó que “los agentes infecciosos que provocan las enfermedades prevenibles mediante vacunación siguen circulando en algunas partes del mundo, por lo cual, en un mundo altamente interconectado, esos agentes infecciosos pueden atravesar fronteras geográficas e infectar a cualquier persona no protegida”. Para ella, “existen dos motivos fundamentales para vacunarse: por un lado, protegernos a nosotros mismos y, por el otro, proteger a quienes nos rodean. La erradicación mundial de la viruela en la década de los 80, y de la poliomielitis en la Argentina en 1984, se dio gracias a la vacunación masiva y sostenida a lo largo de generaciones y generaciones”.
Para finalizar, Testón sentenció: “No vacunar a un niño implica un riesgo social, ya que se convierte en un vector para que la enfermedad continúe la cadena de transmisión”.

Leído en Proyecto Salud

lunes, julio 03, 2017

Plenario PICAM 2017

Plenario PICAM 2017
Se realizará el jueves 13 de julio a las 10hs, en la Subsede Bs. As. de la UCASAL,
Av. Roque Sáenz Peña 950, CABA.
La actividad es gratuita.
Enviar un mail a picam@itaes.org.ar para inscribirse.
  • Presentación: “Indicadores PICAM”- a cargo de la Dra. C. Silvia Yarad, Directora Ejecutiva del Programa de Indicadores de Calidad de Atención Médica (PICAM)
  • “Consideraciones respecto al PICAM dentro del Marco de la Acreditación de Establecimientos de Atención de Agudos” - a cargo de la Lic. Lilian Peuscovich del Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES)
  • “Consideraciones respecto al indicador Porcentaje de consultas médicas de guardia o de Urgencia” - a cargo del Dr. Rolando Boffi, Consultor del PICAM
  • Discusión, aportes y cierre

Fuente: ITAES

domingo, julio 02, 2017

El PAMI y los medicamentos: un negocio para los grandes laboratorios

La obra social dio marcha atrás con la rescisión del contrato para la compra de remedios, y se apresta a firmar un convenio que beneficiará a las máximas firmas del sector farmacéutico. Advierten sobre la falta de cobertura a los afiliados y los problemas para acceder a las drogas.
Las prestaciones que brinda el PAMI a sus afiliados vuelven a estar en el centro de la polémica. Tras la marcha atrás dada por el organismo el pasado mes de mayo en la rescisión que había hecho de un contrato con los grandes laboratorios para la compra de medicamentos, ahora la prestataria se dispuso a suscribir un nuevo acuerdo que solo beneficiará a las grandes firmas farmacéuticas.
De acuerdo con trascendidos a los que accedió este medio, el viernes podría llegar a firmarse este convenio, que despierta las críticas de un sinfín de sectores. Este compromiso tendrá una erogación de cerca de 31.200 millones de pesos anuales para los laboratorios. Al darle mayor poder a los laboratorios, se pone en riesgo la vida de más de 5 millones de afiliados que dependen de la atención del organismo.
La orden dada por el presidente Mauricio Macri al director ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti, es la de bajar el déficit mensual de la obra social, que asciende a $900 millones.
Hoy, el 33% del presupuesto del organismo es gastado en la compra de fármacos y, a pesar de ello, la falta de remedios es inmensa, causando graves inconvenientes en la vida diaria de los jubilados.
Problemas mayores
El acuerdo sería entre el PAMI, la industria farmacéutica y los laboratorios, dejando afuera a las farmacias. El mismo presenta iguales características al que existía desde 1997, cuando Víctor Alderete estaba al frente del instituto, y que duró hasta mayo, cuando fue dado de baja. Ahora estaría vigente hasta fin de año, por lo cual para muchos resulta “injustificable” que se reflote un acuerdo que causa graves daños a los afiliados.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dijo a este medio: “Cuando hablamos de este tema estamos ingresando a una parte oscura de lo que es el PAMI en relación con el contrato de medicamentos en general. Es oscura porque la industria del medicamento en la Argentina financia la política, por eso nadie quiere introducir cambios en este sentido”.
Para el funcionario público, “el tema de los medicamentos y su relación con la industria no tiene control en general, y mucho menos en términos de este sector, que es el de los medicamentos oncológicos y autoinmunes, que son los remedios más caros y que se tienen que entregar al 100%”.
En ese sentido, Semino dijo que “sigue sin instrumentarse la Ley 25.649 de Genéricos, una norma olvidada en la Argentina, aunque está vigente. Sin embargo, vuelve a firmarse una vez más el oscuro contrato entre el PAMI y la industria del medicamento, incentivando el mercado de los remedios y la falta de acceso a ellos por parte de los adultos mayores. Acá, sin ningún lugar a dudas, el único perjudicado es el afiliado, con una mala prestación por parte del PAMI”.
La maquinaria de ajuste que lleva adelante la administración nacional golpea en la obra social, provocando contratos que benefician a los grandes laboratorios de la industria del medicamento, y que dejan a millones de jubilados en una total indefensión.
De esta manera, la mano protectora del Estado no llega y se hace invisible para la sociedad.
Puntos claves del nuevo acuerdo
·         $120.000 millones es el presupuesto anual del PAMI para este 2017
·         $31.200 millones anuales serían destinados a los laboratorios
·         $900 millones, el déficit anual de la obra social de los jubilados
·         $300 millones menos por mes busca erogar el PAMI en medicamentos
·         $150 millones mensuales se gastan en remedios que no son retirados de farmacias
·         $40.000 pierde el instituto cada vez que no se retira un remedio oncológico
·         5.000.000 el total de afiliados que se verán afectados por el nuevo contrato
·         33% del presupuesto del organismo es gastado en la compra de fármacos
“Un acuerdo parche que no sirve para nada”
Para el PAMI, el nuevo convenio “es muy beneficioso” para el afiliado
La negociación que viene entablando el PAMI con los grandes laboratorios, mediante la cual busca firmar un nuevo contrato para la adquisición de medicamentos, provocó grandes críticas de diversos sectores.
Frente a ello, desde el instituto salieron en defensa del convenio que presentarían a más tardar este viernes. Fuentes ligadas a la obra social le aseguraron a este medio que “la negociación está muy bien y en los próximos días se firmará el convenio. Lo que permitirá este acuerdo es que el PAMI pueda acceder a mejores precios en algunos segmentos de remedios”.
Desde el organismo adujeron que “este contrato es algo muy importante, porque permitirá recuperar el dinero de las drogas que el PAMI paga, que van a la farmacia y nunca se retiran. Lo que pasa ahora es que un 15% de los medicamentos de alto costo que llega a las farmacias y que el PAMI paga no son retirados por el paciente, porque falleció o porque cambió el tratamiento”.
De acuerdo con el instituto, este acuerdo “es muy beneficioso para los afiliados, ya que se ponen en consideración cosas que antes no estaban esclarecidas”.
En ese sentido, destacaron que a partir de ahora “se hará mucho foco en mayores auditorías y controles en toda la comercialización de los medicamentos”.
Para los máximos directivos de la obra social, convenios marco como este servirán para darle un “mejor servicio a los afiliados. Ya está funcionando la receta electrónica y dejó de existir la receta analógica, lo que permite hacer una trazabilidad de los medicamentos, pudiéndose saber así quién receta y quién entrega. Ahora se sigue todo el camino del medicamento, cosa que no pasaba antes”.
“Lo que está haciendo el Gobierno es un acuerdo electoralista”
Tras conocerse la intención del PAMI de firmar un acuerdo con la industria farmacéutica, el cual sería casi el mismo que el que fue dado de baja por las actuales autoridades, desde diversos sectores políticos y profesionales salieron a rechazarlo por no darle, a su entender, ninguna clase de beneficios a los adultos mayores.
Muchos de ellos ven incluso algunas intenciones ocultas por parte del Gobierno nacional para llevar adelante esta clase de convenios, que estarían más que nada vinculadas a la cercanía de las elecciones legislativas.
En diálogo con este medio, Christian Gonzalez D’Alessandro, director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas del Colegio de Abogados de Morón, señaló que “lo que está haciendo el Gobierno es un acuerdo electoralista para calmar las aguas, para que los jubilados en principio no se queden sin sus remedios y que puedan transitar estas elecciones de la mejor manera posible y sin sobresaltos para el Gobierno y sobre todo para el PAMI”.
Según el abogado previsionalita, “este acuerdo tendría vigencia para el PAMI hasta el mes de marzo del año que viene, pero para las farmacias solo estaría vigente hasta fin de año, lo que no hace más que mostrar que es algo pergeñado para hacer pasar el tiempo y ver qué es lo que se hace después de las elecciones”.
“Las entidades farmacéuticas, no la industria, se reunieron para ver cuáles son los pasos a seguir, y la realidad es que el convenio que se estaría por firmar es nada más y nada menos que el restablecimiento del acuerdo que existía desde el año 1997 entre el PAMI y la industria farmacéutica, y que en el mes de mayo el PAMI rescindió de manera unilateral, o sea que no hay ninguna clase de lógica en lo que se está haciendo”, recalcó Gonzalez D’Alessandro.
Los remedios en la Argentina, un mercado concentrado en pocas manos
Una de las situaciones que ha marcado la vida económica de la Argentina a lo largo de los últimos años es, sin dudas, la concentración de la riqueza en pocas manos, ya que unos pocos aglutinan detrás de sí la mayor parte de las ganancias.
En el mercado de los medicamentos de nuestro país ocurre un hecho similar. En un negocio que, según se calcula, mueve más de 4.400 millones de dólares anuales; de los 300 laboratorios existentes, solo veinte concentran alrededor del 80% de la facturación. Además, de las diez principales firmas, cinco son extranjeras.
De la facturación de la industria farmacéutica, el 55% de las ganancias pertenece a laboratorios de origen nacional que representan el 80% del total del mercado, mientras que el 45% restante se divide entre las empresas de procedencia extranjera.
Las más de 12.000 farmacias que están registradas hoy en suelo nacional son provistas de remedios por parte de las más de 450 droguerías reconocidas por las autoridades, de las cuales solo cuatro poseen alrededor del 70% del mercado, lo que se reproduce luego en las firmas distribuidoras de remedios, donde cuatro empresas concentran cerca del 99% de las ventas.
Esta situación se agrava en el mercado minorista, que históricamente estuvo atomizado y era el que más proporciones alcanzaba en la Argentina, pero que hoy está siendo acaparado por cadenas farmacéuticas que solo tienen en vista el negocio, dejando de lado el objetivo social para el que fue creado el sistema.
A esto se le agrega que el 13% de los medicamentos se venden fuera de las instalaciones de las farmacias, por ejemplo, en kioscos, supermercados, gimnasios e internet, incluso después de la Ley 26.567/09 de venta exclusiva en farmacias.
De acuerdo con las cámaras que nuclean a los farmacéuticos, el 11% de los fármacos que se venden en la Argentina son ilegítimos, truchos o robados. Además, un punto central radica en que en los últimos tiempos las droguerías se han convertido en un vehículo para el delito, vendiendo por fuera del circuito legal.
Como si esto fuera poco, de acuerdo a datos provistos por las autoridades nacionales encargadas de la Seguridad, en nuestro país se roba un camión con medicamentos y se vacía una farmacia por semana, siendo esos remedios reinsertados en el mercado de manera ilegal, representando cerca del 6% del total.
Consecuencias de la inacción oficial
Las demoras por parte del PAMI en brindar servicios esenciales a sus afiliados han llevado a que muchos de ellos terminen pagando esta situación con la muerte. Tal es el caso de Patricia Alejandra Possetto, quien falleció hace tres días luego de luchar contra el cáncer y contra la burocracia administrativa del instituto para proveerle los medicamentos oncológicos que necesitaba con urgencia.
La incapacidad del organismo fue puesta al descubierto por Possetto a través de una carta en su cuenta de Facebook, en la cual expresaba: “Señores del PAMI, ¿qué están esperando para darme una respuesta? Me están tomando el pelo. Se tiran la pelota uno a otro”.
Con solo 50 años y ante la tardanza en la llegada del remedio, la mujer murió, dejando a tres hijos que iniciarán juicio al instituto por la incapacidad del mismo para darle soluciones.
 

Leído en Diario Hoy de La Plata.

jueves, junio 29, 2017

Los programas de telemedicina requieren tanto de tecnología como de transformaciones culturales.

No todos los médicos y pacientes están preparados o dispuestos a aprovechar las nuevas herramientas de interacción a distancia, según expositores en el VII Foro de IT Salud Argentina (USUARIA), en Buenos Aires.
Los integrantes del panel de telemedicina en el evento de Usuaria
En América Latina y el resto del mundo, la expansión de los servicios de telemedicina ha probado tener beneficios clínicos y económicos, por ejemplo, reduciendo las derivaciones desde el interior a centros de referencia en las grandes urbes. Sin embargo, esta modalidad todavía puede encontrarse con la reticencia de médicos y pacientes que prefieren las formas tradicionales de interacción, o que, en el caso de los profesionales, temen mostrarse como incompetentes si consultan con colegas.
Así lo señalaron disertantes en VII Foro de IT Salud Argentina (USUARIA), que se celebró la semana pasada en Buenos Aires.
“Detrás de cualquier iniciativa tecnológica, se necesita una transformación cultural”, aseguró Carolina Serrano, directora nacional de Procesos y Gestión del Ministerio de Modernización.
Según presentó Serrano en el encuentro, el área a su cargo está impulsando la implementación de una Red Nacional de Telesalud que a la fecha tiene 25 centros conectados en las provincias de Jujuy, Tucumán y Buenos Aires, incluyendo dos terapias intensivas con herramientas para videoconferencias y segunda consulta dedicada. La proyección es llegar a 74 centros en julio y 143 en diciembre, anunció.
La experiencia piloto se lanzó en Jujuy, en noviembre pasado, con el objeto de testear el modelo, la infraestructura y las distintas variantes de conectividad. Pero muy pronto emergió la importancia del factor humano.
“Más allá de las capacitaciones, descubrimos que también se requiere un cambio cultural”, destacó Serrano. “En un hospital de Tilcara, hay una directora que ve [estas herramientas] como un enorme valor para su comunidad y es la que más consultas hace [con otro hospital en la Ciudad de Jujuy]. Pero hay otros centros que no usan tanto esta posibilidad. En algunos casos, quizás tener que preguntar puede hacer parecer que no se sabe y es más fácil derivar a los pacientes”.
Otro tipo de resistencia cultural observó Vicente Andereggen, gerente de Gestión Clínica de la empresa de medicina prepaga OMINT, cuando su empresa implementó en octubre de 2016 un sistema de teleconsulta (videollamados) para sus afiliados. El objetivo fue ofrecer “respuestas rápidas y confiables para problemas simples”, en particular, aquellos que no requieren de un examen físico, mejorando el tiempo de atención y evitando las consultas a la guardia o visitas a domicilio por temas menores.
Los resultados de la experiencia, dijo Andereggen, han sido muy positivos. El índice de satisfacción y la disposición a recomendar el médico online rondaron siempre el 90%. Y ocho de cada diez consultas produjeron la resolución parcial o total del problema.
“Sin embargo, la expansión de esta modalidad aun requiere de mayor aceptación por parte de la población. Muchas personas todavía quieren el contacto directo con el médico”, señaló Andereggen. El grueso de los usuarios del sistema tuvo entre 18 y 35 años (37%) y, en segundo lugar, entre 36 y 45 (34%).
“Las formas de consulta a distancia se continuarán expandiendo: la tecnología no tiene límites. Pero el cambio cultural requiere más tiempo”, añadió.
Coincidió Roberto Debbag, coordinador del Programa de Telemedicina del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, de Buenos Aires, que ya tiene más de 220 centros conectados en todas las provincias del país.
“La telemedicina no es sólo tecnología”, dijo. “Los procesos de asistencia médica a distancia implican la gestión del conocimiento y el componente humano como aspectos esenciales para su desarrollo”.

Leído en eHealth Reporter

El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud disertó en convención internacional de biotecnología.

El funcionario argentino destacó el rol de la ciencia y la investigación clínica como motores de la innovación y del desarrollo para el futuro del país.
El jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación, Enrique Rodríguez Chiantore, expuso sobre los avances en el sector biofamacéutico en la Argentina y destacó el rol de la ciencia y la investigación clínica como motores de la innovación y desarrollo para el futuro del país al participar de un panel en la feria de biotecnología BIO International Convention 2017, que se desarrolló en San Diego, Estados Unidos.
En el marco de la convención, Rodríguez Chiantore subrayó que "el diálogo, la cooperación multisectorial y la mejora de procesos redunda en incrementos en la inversión en investigación clínica y propicia la transferencia de tecnología hacia la Argentina".
El funcionario argentino participó del panel Avances en la Argentina en el sector biofarmacéutico: ¿Un faro de innovación en Latinoamérica? en el que junto a altos funcionarios gubernamentales y representantes del sector debatieron en torno a las posibilidades y las condiciones del país para convertirse en un líder en el espacio biofarmacéutico. Además se expusieron los nuevos enfoques para atraer la inversión y los ensayos clínicos.
La jornada se inicio con el discurso del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao; para luego dar lugar al debate moderado por Justin Pine, de BIO. Además de Rodríguez Chiantore, la disertación contó con la participación del subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Jorge Aguado, el gerente de Asuntos Gubernamentales de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), José Priegue; y por parte de la Cámara Argentina de Biotecnología, Eduardo Spitzer.
La convención, que se realizó entre el 19 al 22 de junio, reunió a más de 16.000 asistentes, tuvo más de 1.800 expositores y contó con la participación de más de 3.500 compañías del sector biofarmacéutico.

Prensa: Ministerio de Salud de la Nación Argentina

miércoles, junio 28, 2017

PAMI se suma al Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto

 PAMI se suma a los compromisos de transparencia, apertura y participación que la República Argentina presentará en su Tercer Plan de Acción Nacional ante la Alianza para el Gobierno Abierto.
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP - Open Government Partnership) es una iniciativa multilateral que promueve el trabajo colaborativo entre Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil. Su objetivo es lograr que los gobiernos sean más transparentes y encuentren nuevas formas de crear políticas públicas con los ciudadanos.
El Plan de Acción Nacional es un documento base según el cual los gobiernos, a través del Poder Ejecutivo Nacional, se comprometen a realizar acciones por un período de dos años, con el objetivo de avanzar en la apertura de la administración pública.
La participación ciudadana es un elemento fundamental en la elaboración del Plan de Acción. Por ello, los compromisos se cocrean y consensúan en Mesas de Diálogo de las que participan las distintas áreas de gobierno y las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Por tercera vez consecutiva, durante los meses de abril y mayo, PAMI participó de las Mesas de Diálogo de Gobierno Abierto que se llevaron a cabo en el marco del Tercer Plan de Acción que la República Argentina presentará en la Alianza para el Gobierno Abierto.
De las Mesas de Diálogo participaron también Poder Ciudadano, Fundación Directorio Legislativo, RAFAM, Comisión de Comunas de la Ciudad de Buenos Aires y Cooperativa Lili Kelle.
Como resultado del trabajo colaborativo entre PAMI y las Organizaciones, se incluyeron en el Plan de Acción metas e hitos para la apertura progresiva de los documentos del ciclo de compras y contrataciones de medicamentos, insumos médicos y prestaciones que realiza PAMI a nivel central.

Prensa PAMI