En diciembre vence la resolución que ampara transitoriamente a los establecimientos de salud de ser ejecutados por el Estado por deudas fiscales. De no renovarse, al menos cinco mil en todo el país quedarán al borde del embargo. El delicado panorama del sector, que arrastra desde hace décadas un deterioro económico-financiero, y la necesidad de medidas para una salida ordenada de la crisis.
Desde Adecra+Cedim –la cámara nacional que nuclea a más de 400 instituciones de salud privada entre clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio- alertamos sobre la crítica situación que, de no resolverse, pondría en peligro la atención de miles de centros de salud en cuestión de semanas.
El 31 de diciembre de 2024 perderá vigencia la Resolución 617/24, emitida por el Ministerio de Economía nacional, que suspende temporalmente “el inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares” del Estado frente a las deudas tributarias que los prestadores contrajeron durante más de 20 años, bajo el “paraguas” de la Ley de Emergencia Sanitaria (que caducó a fin de año pasado).
De un total de 25 mil instituciones inscriptas en todo el país, según el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) del Ministerio de Salud de la Nación, al menos cinco mil ya fueron detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y podrían ser embargadas a partir de esa fecha.
La problemática planteada es el corolario de una crisis de largo arrastre. Los prestadores de salud privada en su conjunto, que atienden la salud de más de 30 millones de personas en Argentina (afiliadas a PAMI, obras sociales nacionales y provinciales, y empresas de medicina prepaga), vienen sufriendo un lento y continuo deterioro económico-financiero, que se agudizó en pandemia, flagelo del que aún hoy no se ha podido recomponer el capital de trabajo.
El congelamiento de los aranceles durante 2020 (en plena pandemia), la inflación y las sucesivas devaluaciones han puesto en jaque a las instituciones.
Tal como hemos dado a conocer a la opinión pública en varias oportunidades, en 2002 el sector ha entrado en Emergencia Sanitaria y, desde ese entonces, se ha convertido en un sector subsidiado, ya que ningún Gobierno de turno ha podido o ha sabido resolver sus problemas estructurales. En diciembre de 2023, con la desregulación de la economía, la Emergencia cayó y los prestadores perdieron las medidas de alivio económico que venían recibiendo desde 2020: el programa FESCAS (ex ATP y ex Repro Salud) y el Decreto 300.
El sector se encuentra actualmente transitando una suerte de “pandemia económica”, sin medidas de asistencia y sin tampoco poder encontrar caminos hacia la sustentabilidad económica (como debería ser), ahora con numerosas instituciones al borde de la quiebra.
Cabe destacar que, en el marco de la Ley Bases, existe un plan de pagos extraordinario para que las instituciones puedan saldar sus pasivos, pero esto resulta insuficiente para un sector que debe décadas de contribuciones patronales y otras deudas fiscales, y que tiene dificultades, incluso, para pagar sus obligaciones corrientes mensuales. Además, en caso de querer acceder, las instituciones deberían abonar millones de pesos de adelanto, sumado a las cuotas mensuales del plan. Stock de deuda más flujo de fondos futuros es, literalmente, imposible de afrontar en las condiciones actuales.
De continuar esta situación, cerca de 300 mil trabajadores del sector (registrados en la Secretaría de Trabajo) correrían el riesgo de perder su fuente de trabajo y de percibir sus haberes mínimos al momento de jubilarse. Asimismo, el sector de la salud pública, lógicamente, no estaría en condiciones de absorber la demanda de atención que dejaría el sector privado, lo que pondría en seria tensión al sistema sanitario.
Es por esto que resulta imprescindible consensuar medidas urgentes que permitan una salida ordenada a la crisis descripta.
Desde Adecra+Cedim, hemos informado sobre el estado de situación del sector a las autoridades actuales del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ministerio de Economía, ARCA y Secretaría de Trabajo, quienes nos aclararon que “están al tanto del problema y que se encuentran trabajando al respecto”, pero aún no hemos recibido respuestas concretas.
Las instituciones prestadoras, actor fundamental del sistema sanitario argentino, se mantienen activas gracias al aporte invaluable de sus profesionales de salud y de todos los equipos de trabajo en su conjunto, que se esfuerzan y se capacitan constantemente para potenciar la prestación del servicio, pero la tarea en el estado de situación presente es cada vez más dificultosa.
La crisis del sistema se percibe en los condicionamientos en la calidad, y esto el paciente lo padece de múltiples maneras. Como nunca, prácticamente todas las semanas vemos en la prensa noticias sobre los problemas en el sector salud: diferimiento de turnos, médicos que abandonan las cartillas médicas, cobro de copagos, guardias saturadas, aumentos desmesurados en los precios de los medicamentos, prácticas médicas condicionadas por falta de insumos, e instituciones que al estar ahogadas financieramente comienzan a ser gestionadas por PAMI o IOMA, etcétera.
Estas son todas aristas de una crisis que, a esta altura, se ha convertido en un único problema urgente.
