La ley 26.862, que garantiza el acceso en
forma gratuita a tratamientos de reproducción asistida, está
sancionada y reglamentada desde 2013. A pesar de esto, hasta ahora
las parejas que querían recurrir a tratamientos de fertilización se
encontraban con varios obstáculos. Esto se debía a las diferentes
“interpretaciones” que hacían las obras sociales y prepagas sobre el
alcance de la cobertura. A partir de ayer, esto cambió ya que, a
través de un decreto ministerial, se aclararon algunos aspectos
regulatorios de la norma.
El detalle, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial,
suma precisiones sobre los tratamientos: cuáles son, qué incluyen y cuándo
arranca y termina cada uno de ellos. “Hasta ahora, la ley decía que se podían
realizar tres intervenciones de alta complejidad, aunque no se aclaraba muy bien
qué comprendía cada una. Entonces, en la práctica cada prestadora cubría lo que
creía que correspondía”, explica a Clarín Sergio Papier, presidente de la
Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva (ALMER). Y agrega: “Por
esto, muchas veces cada transferencia de embriones era considerada como un
tratamiento aparte”.
Con la ampliación formalizada ya no se podrá utilizar el
criterio de cada obra social para la aplicación de la ley. “Ahora queda claro
que un tratamiento incluye la estimulación ovárica, el proceso de aspiración de
los óvulos, su fecundación y la transferencia de los embriones”, enumera Papier
y remarca que “en el texto también especifican que se puede hacer hasta tres
transferencias como parte de la misma intervención”. Según el experto en
medicina reproductiva, el agregado debe entenderse como un “logro” que va a
“aumentar las chances de embarazo en todos aquellos que recurran a estas
técnicas con la intención de formar una familia, ya que les va a permitir
efectuar hasta nueve transferencias (de realizarse los tres tratamientos
contemplados por ley)”.
Gisela de Anton, presidenta de la Asociación Civil
Concebir, concuerda con Papier en que lo añadido a la reglamentación es un “gran
avance, que sirve para proteger a los pacientes”. “Con las técnicas de alta
complejidad teníamos muchos problemas. Gracias a este detalle ahora quedó
definido el momento de inicio y cierre de cada intervención y esto para nosotros
es un alivio”, aseguró de Anton, quien resaltó que “recurrir a estos
tratamientos en forma privada es muy costoso: cada uno cuesta entre 60 mil y 140
mil pesos”.
Se estima que una de cada seis parejas tiene dificultades
para concebir y que la mitad recurre a un tratamiento de fertilización para
concretar el deseo de ser padres. Las modificaciones incorporadas no sólo
beneficiarán a todos ellos, sino también a las mujeres que quieran ser madres
solas y a las parejas homosexuales que tengan el mismo sueño.
Durante 2016 se llevaron a cabo 21 mil tratamientos en el
país. Y los especialistas sostienen que con la mejora en la implementación de la
cobertura, el número se podría duplicar en los próximos años.
Por Paula Galinsky, Diario Clarin
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