En 2011 se comenzó a implementar gradualmente un
sistema de trazabilidad para monitorear la venta de
remedios. Para reducir costos, los laboratorios
piden reducir el número de productos a los que se
les hace ese seguimiento. A cambio firmarían un
acuerdo de precios.
El acuerdo en el precio de los medicamentos que está
negociando el gobierno con los laboratorios podría
incluir una concesión polémica para abaratar los
costos empresarios. Luego de haber subido fuerte el
valor de la mayoría de sus productos, las
principales firmas del sector ofrecen congelar
precios hasta fin de año a cambio de una
flexibilización del Sistema Nacional de Trazabilidad
implementado en abril de 2011 para monitorear la
distribución de remedios y evitar ventas en negro,
adulteración de productos y fraude al Estado con la
presentación de troqueles falsos destinados a cobrar
subsidios.
El sistema de trazabilidad permite conocer el
origen, la ubicación y la trayectoria de un producto
o lote de productos a lo largo de toda la cadena de
distribución, incluyendo laboratorios,
distribuidoras, operadores logísticos, droguerías,
farmacias y establecimiento asistenciales. El
seguimiento se realiza a partir de la colocación de
un código único por producto que es auditado por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología (ANMAT). El envase puede tener un
dispositivo electrónico, un código de barras o un
código datamatrix, pues cualquiera de ellos cumple
con la condición de que no pueden ser quitados sin
dejar una marca evidente.
Este sistema de control tiene como objetivo
principal garantizar la seguridad de los pacientes
al evitar la comercialización de remedios
adulterados o falsificados, pero además sirve para
evitar ventas en negro y la estafa al Estado con la
presentación de troqueles truchos, la porción del
envase del remedio que se recorta para luego
ingresar al mecanismo de reintegro de las obras
sociales. El troquel es fácilmente falsificable
porque, si bien funciona como un cheque al portador,
no incluye ninguna medida de seguridad.
La causa conocida como “la mafia de los
medicamentos” es uno de los antecedentes más
resonantes que llevó a implementar el sistema de
trazabilidad para reemplazar los troqueles. En 2010
la Justicia comprobó el fraude al Estado a través
del cobro de subsidios de la Administración de
Programas Especiales (APE), con la presentación de
troqueles falsos por tratamientos complejos que
nunca se realizaron y medicación que nunca se
suministró a los pacientes. Por esta causa fueron
procesados y presos como integrantes de una
asociación ilícita el secretario general del gremio
bancario, Juan José Zanola, y el titular de la
droguería San Javier, Néstor Lorenzo. Además, en
febrero de 2011, el entonces juez federal Norberto
Oyarbide procesó a Juan Rinaldi, ex titular de la
Superintendencia de Seguridad de la Salud y del APE,
responsable de los reintegros a las obras sociales.
La primera etapa en la implementación del sistema de
trazabilidad comenzó en mayo de 2011 e incluyó una
serie de productos de alto costo, como oncológicos,
HIV y hemoderivados. La implementación de esa
disposición se completó en su totalidad. En marzo
del año siguiente, ANMAT amplió la lista
incorporando principios activos de remedios que
podían ir de 200 a 100.000 pesos. “De los 350
productos farmacéuticos que se expenden bajo receta
incluidos en la primera etapa del Sistema de
Trazabilidad, que comenzó a implementarse el año
pasado, ahora pasarán a controlarse unos 2.300
medicamentos. Esto abarcará psicofármacos,
antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos y
antiparkinsonianos, entre otros productos”, aseguró
entonces el interventor de la ANMAT, Carlos Chiale.
Fuentes del sector consultadas por Página/12
estimaron que la trazabilidad se aplicó a cerca del
75 por ciento de los productos de ese segundo
listado.
En enero de 2013 hubo una nueva ampliación que sumó
una serie de psicotrópicos, aunque su cumplimiento
hasta el momento ha sido relativamente bajo, en
torno al 15 por ciento del listado. A su vez, en
enero de 2015 ANMAT concretó una última ampliación
del listado al sumar principios activos de alto
costo, con un cumplimiento hasta ahora cercano al 85
por ciento.
El objetivo final era reemplazar por completo el
sistema de troqueles durante este año, pero los
laboratorios han venido demorando su cumplimiento y
presionan para flexibilizar el sistema
circunscribiéndolo sólo a los medicamentos más
costosos, como era al inicio. Así se lo manifestaron
representantes de la Cámara Industrial de
Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) al
ministro de Salud, Jorge Lemus, y a Carlos Chiale. A
raíz del intenso lobby empresario, en mayo la
senadora del Frente para la Victoria, Nancy
González, presentó con otros colegas de su bloque un
proyecto de comunicación en el Congreso solicitando
informes al Ejecutivo sobre el estado de situación
del sistema de trazabilidad de los medicamentos,
pero todavía no fue tratado.
El argumento de los principales laboratorios, que
también controlan distribuidoras y droguerías, es
que la trazabilidad encarece sus costos por la
logística que conlleva. Desde el gobierno, les
hicieron saber a los empresarios que es muy
complicado políticamente dar marcha atrás con este
sistema porque no habría manera de justificarlo ante
la opinión pública. Por lo tanto, lo que les
ofertaron inicialmente es flexibilizar los plazos de
cumplimiento de las distintas disposiciones vigentes
al menos hasta 2017. A los laboratorios, esa
propuesta les parece insuficiente y quieren que
ANMAT publique una nueva disposición reduciendo la
cantidad de principios activos que deben ser
monitoreados a través del sistema de trazabilidad. A
cambio no sólo ofrecen sumarse al acuerdo de precios
sino incluso condonar parte de las deudas que el
PAMI tiene con ellos. “Parece que finalmente se va a
avanzar con esta última opción. Ahora hay cerca de
600 principios activos y quedarían 450, pero además
entre los principios eliminados se encuentran varios
que tienen un volumen de ventas importante. Por lo
tanto, si en lugar de contabilizar los principios
activos se toman en cuenta los productos la
reducción sería mucho mayor”, señaló a Página/12 una
fuente de la industria.
Dar marcha atrás con el sistema de trazabilidad, no
sólo supone una reducción de costos para los
laboratorios sino también la posibilidad de que
continúen los fraudes contra el Estado que
protagonizan las empresas del sector y las obras
sociales. De hecho, la semana pasada se conoció que
un grupo de farmacias de Santiago del Estero le
facturaron al PAMI 154 millones de pesos por
remedios para diabéticos entre julio de 2015 y
febrero de este año, pese a que en esa provincia
sólo hay unos 2000 insulinodependientes. El plan
consistía en la falsificación de troqueles de
diferentes marcas de insulina y de recetas a nombre
de afiliados fallecidos o de otros que no padecen
diabetes. Una de las farmacias de Santiago del
Estero que participó de la estafa facturó sólo en un
mes unos 500.000 pesos en insulinas y tiras
reactivas para medir el nivel de glucosa. Fuentes de
la investigación señalaron que en promedio la venta
de los medicamentos para contrarrestar la diabetes
suele ser el 1,5 por ciento de la facturación de las
farmacias, pero en algunos de los comercios
investigados era el 90 por ciento. “Estas redes de
corrupción son las que están llevando al PAMI al
colapso”, aseguró el titular del organismo, Carlos
Regazzoni. Sin embargo, la decisión oficial de
flexibilizar el sistema de trazabilidad podría
terminar siendo funcional a este tipo de estafas.
Por Fernando Krakowiak
Fuente:
Diario Página 12
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