A fin de año, alcanzará a 15 millones de personas sin cobertura; la credencial
con un chip almacenará la historia clínica; podría ampliarse al resto de la
población; buscan racionalizar gastos.
Quince
millones de argentinos sin cobertura contarán antes de fin de año con una
credencial inteligente que les garantizará las mismas prestaciones básicas que
reciben los afiliados a obras sociales o prepagas, si se cumplen los recientes
anuncios oficiales de una ambiciosa estrategia de cobertura universal de salud (CUS).
Esa
credencial o documento nacional de salud, que se presentará a fin de mes, tendrá
un microchip para almacenar los detalles de la cobertura del usuario y su ficha
médica. Con esto se creará una historia clínica en una base de datos para evitar
la dispersión o pérdida de los servicios o tratamientos usados, ya sea en
hospitales públicos o centros privados con los que el Estado firme convenios
para prestaciones que no brinda.
Podrán
acceder a este beneficio los argentinos y los extranjeros con residencia en el
país. Se podrá tramitar en hospitales y centros de atención. Con el tiempo,
según anticipan desde el Ministerio de Salud de la Nación, las obras sociales y
las prepagas podrán optar por implementar la misma credencial. Cada vez que un
afiliado se atienda, la información de su credencial indicará quién debe pagar
por el servicio prestado. Un software que se está terminando de poner a punto
agilizará los pagos a 30 días entre el Estado y los subsistemas de salud.
""La idea es que toda la población tenga una cobertura con acceso del PMO
garantizado"", dijo el ministro de Salud, Jorge Lemus. Foto: Archivo
Cuando una
persona con cobertura se atiende en un hospital público hay un par de
posibilidades: que la prestación nunca se pague y el Estado se haga cargo o que
el pago demore varios meses. Hoy, más del 20% del gasto en salud, que es el 8,5%
del PBI, se debe a prestaciones brindadas en el sistema público de salud a
beneficiarios de otros subsistemas que nunca se cobran.
"La CUS
viene a arreglar y reordenar el sistema de salud, que está fuertemente
segmentado y fragmentado", dijo ayer a LA NACION el ministro de Salud, Jorge
Lemus. "Hay casos que tienen hasta tres coberturas y otros, ninguna. La idea es
que toda la población tenga una cobertura con acceso [a la canasta básica de
prestaciones] del Programa Médico Obligatorio (PMO) garantizado y equidad en
cualquier punto del sistema, sin importar si la cobertura es del PAMI, una obra
social sindical o provincial, un programa de asistencia pública o una prepaga",
indicó el funcionario.
Dos herramientas
Lemus
comenzó a diseñar el CUS con su equipo hace dos años. Afirmó que para que tenga
éxito "es absolutamente necesario" complementarlo con dos herramientas de las
que el Estado carece. Una es la posibilidad de que el sistema de atención
pública sea capaz de facturar sus prestaciones a terceros de manera rápida y
cierta. Con la credencial inteligente de la CUS o la de un afiliado a una obra
social, una prepaga o el PAMI, un hospital podrá enviar por vía electrónica el
costo de la prestación brindada a la Superintendencia de Servicios de Salud para
descontarle el gasto automáticamente a quien corresponda. "Esto le dará al
sistema un gran financiamiento que no tenía", afirmó Lemus.
La segunda
herramienta es un organismo capaz de revisar los tratamientos y procedimientos
médicos existentes para determinar su utilidad y la relación entre el costo y la
efectividad. Hace 15 días, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley
para crear una agencia de evaluación de tecnología de salud (Agnet) que cumpla
ese papel.
"El sistema
está muy judicializado, con muchos amparos. La CUS no sólo dará cobertura a
quienes no la tengan, sino también a quienes la tienen, pero no acceden como
corresponde. Es poder darle un orden y transparencia al sistema -agregó el
ministro-. Con la Agnet, si el Congreso la aprueba, vamos a saber con qué
evidencia científica cuentan los medicamentos, los aparatos o los procedimientos
de uso médico, si ingresan o no a la cobertura universal y, también, que los
jueces puedan rechazar o aceptar los amparos."
Sólo este
año, como publicó anteayer LA NACION, la justicia federal le ordenó al
Ministerio de Salud de la Nación que dispusiera la cobertura de 214 reclamos de
pacientes. Esto es el 73% de los amparos concedidos el año pasado. Desde 2014,
se autorizaron más de 800 amparos.
En construcción
Las
autoridades anticipan que en los próximos meses esperan contar con todas las
herramientas necesarias y la entrega de los 15 millones de credenciales para
brindar los servicios con el nuevo sistema desde el año que viene. "Mientras, la
atención está asegurada", insistieron.
En el
Ministerio de Modernización de la Nación, en tanto, apuran la carga de una base
de datos con la información de cobertura de toda la población y la que se vaya
inscribiendo en el CUS (como se indicará a fin de mes) para evitar desde
subsidios cruzados hasta prestaciones duplicadas.
También hay
que esperar que las provincias adhieran al nuevo sistema, lo que comenzaría el
lunes próximo durante la reunión del Consejo Federal de Salud en Tucumán. Según
pudo conocer LA NACION en los últimos meses, los ministros provinciales y los
gremios participaron de varias reuniones para conocer la nueva estrategia.
De hecho,
Lemus elogió ayer a las obras sociales: "A la hora de devolverles los fondos
retenidos injustamente -dijo, por el anuncio de anteayer en la Casa de
Gobierno-, los sindicatos ofrecieron de su dinero 8000 millones de pesos para
esta cobertura en un fideicomiso. Es un aporte de la seguridad social al resto
del sistema".
Por su
parte, José Luis Lingeri, titular del gremio de Obras Sanitarias, ayer devolvió
la gentileza en diálogo con LA NACION: "Todos los anuncios (de anteayer) fueron
fundamentalmente para las obras sociales. Los destinatarios mayoritarios de todo
esto, que son alrededor de 14 o 15 millones de beneficiarios, entre el sector
privado y las obras sociales, representan el 70% de la población".
"Las
prepagas tienen cuatro millones o menos de beneficiarios; casi el 60 o 70% se
nutre de las obras sociales. Si fuese por el aporte que están haciendo las obras
sociales, a lo mejor las prepagas hoy tendrían un millón de personas afiliadas",
indicó Lingeri, que fue clave en la negociación entre el Gobierno y los
sindicatos para recuperar más de 29.000 millones de pesos.
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