El 28 de agosto de 2002 se sancionó en nuestro país la ley 25.649 de
"Especialidades Medicinales y Promoción de la Utilización de
Medicamentos por su Nombre Genérico", que indica que toda receta o
prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria
expresando el nombre genérico del medicamento. Sin embargo, en el
segundo párrafo de la ley se puntualiza como criterio adicional que
la receta podrá indicar, además del nombre genérico, el nombre o
marca comercial. Este agregado dejó abierta la puerta para que,
luego de un período de buenos resultados (hasta el año 2006),
comenzara el incumplimiento de la ley.
La prescripción del genérico ha quedado desvirtuada por la presión de los
laboratorios, que imponen en el mercado medicamentos de determinadas marcas a
través del marketing y otro tipo de prácticas, como el lobby empresarial. La ley
de genéricos, vigente en la actualidad, se cumple en menos del 30% de las
recetas.
Según datos de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y
Uso Hospitalario (Capgen), hasta el año 2006 el negocio de los genéricos llegó a
alcanzar el 40% del mercado, pero ya en 2013 los genéricos cubrían el 9% del
mercado total. Como revelan las estadísticas, la situación actual del mercado de
genéricos en nuestro país es visiblemente contraria a los fines perseguidos.
Esto demuestra, sin duda alguna, que los objetivos de la ley hoy no están
cumpliéndose.
En este contexto, junto a otros diputados nacionales presentamos un proyecto de
ley -expediente 770-D-2016-, que retoma el espíritu del proyecto de la diputada
nacional (MC) Gloria Bidegain, que tiene como fin asegurar el efectivo
cumplimiento de la "ley de genéricos". El proyecto de ley presentado propone la
eliminación definitiva del nombre comercial (o marca) del medicamento en las
recetas, a fin de asegurar el derecho de acceso a los medicamentos a un precio
razonable, garantizando de este modo el derecho básico y fundamental a la salud.
Es decir, la iniciativa legislativa propone algo simple: que se cumpla una ley
que ya existe.
Según Capgen, los costos de los medicamentos de marcas comerciales reconocidas
pueden resultar entre un 40% y un 80% más caros que adquirir la misma droga de
un genérico. Esto es preocupante si tenemos en cuenta que la diferencia de
precio entre los medicamentos que tienen la misma droga la padecen especialmente
los sectores de menores recursos, a quienes la ley debe proteger. Como
antecedente internacional, encontramos que en países europeos, paradójicamente,
sede de los grandes laboratorios productores de especialidades medicinales, las
políticas de Estado fomentan cada vez más el uso de genéricos: en el Reino
Unido, la venta en unidades de medicamentos genéricos llega al 78%; en los
Estados Unidos, al 68%; en Francia, al 63%; en España, al 54% y en Canadá, al
67%.
Con esta propuesta de modificación de la ley de genéricos intentamos que la
norma sea una herramienta eficaz para que los pacientes no sean víctimas de
abusos comerciales y puedan elegir libremente los medicamentos, evitando ser
inducidos a adquirir una marca en particular. Desde nuestro espacio político,
abordamos el acceso al medicamento como una política de Estado, enmarcada en una
política pública de Salud que lo garantice. Y en este sentido, como
legisladores, debemos trabajar para garantizar el acceso al bien social que es
el medicamento: las reglas de juego no pueden quedar libradas al mercado. Más
allá del costo excesivo que representan los medicamentos para los ciudadanos, el
Estado también se ve afectado: los precios de los medicamentos ponen en jaque
nuestro sistema de salud, ya que casi un tercio de la inversión en salud de
nuestro país se lo lleva la industria farmacéutica. Debido a los precios de
mercado sobredimensionados por la cartelización de los laboratorios, el Estado
gasta un tercio de su presupuesto en salud pública en comprar medicamentos. Esto
es mucho más de lo que invierte en investigación y desarrollo. La modificación a
la ley de genéricos es parte fundamental de una política pública que permita
priorizar el acceso a medicamentos de calidad a precios bajos para toda la
población.
Carolina Gaillard, Diputada Nacional por Entre Ríos (FpV), presidenta de la
Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación
Fuente: LA NACION
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