El proyecto de
ley que protege jurídicamente a los laboratorios se aprobó con 230 votos
positivos, 8 negativos y 11 abstenciones Crédito: Prensa HCDN
8 de octubre de 2020 •
04:00
En pleno pico de la pandemia de
coronavirus, con más de 840.000 contagios en nuestro país, la Cámara de
Diputados, el 8 de octubre a la noche, aprobó y giró al Senado a un proyecto de
ley que le otorga facultades al Poder
Ejecutivo para avanzar en la compra de
la vacuna contra el Covid-19 por medio de contratos que, a pedido
de los laboratorios productores, los protejan jurídicamente ante eventuales
juicios.
Se aprobó con 230 votos
positivos, 8 negativos y 11 abstenciones.
El proyecto, cuya sanción es
reclamada con urgencia por el Ministerio de Salud, habilita a que los futuros
contratos entre el Estado nacional y la industria farmacéutica
incluyan una serie de cláusulas que hoy no están contempladas en la legislación
argentina para la compra de insumos médicos. Son cláusulas de prórroga de
jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el
extranjero; cláusulas de indemnidad patrimonial y cláusulas de
confidencialidad.
"Esta no es una ley más
-enfatizó el presidente de la Comisión de Salud, el diputado oficialista Pablo
Yedlin-. Estamos aquí con una enorme responsabilidad. Sabemos que esto no
es lo óptimo, pero son los requisitos que la industria farmacéutica impone. Y
la responsabilidad del Ministerio de Salud es llevar adelante estas
contrataciones para comprar vacunas en un mercado escaso. Pero, más allá de la
emergencia, que quede claro que la Argentina sólo va a aplicar las vacunas que
estén autorizadas por el Ministerio de Salud y evaluadas y registradas por el
Anmat".
La iniciativa contó con el apoyo
de los bloques opositores, salvo los de izquierda. "Estamos de acuerdo en
actuar con celeridad para realizar las reservas de vacunas contra el
coronavirus para que no nos pase como lo que nos pasó con los tests de
diagnóstico y los respiradores", sostuvo la diputada Carmen
Polledo, de Juntos por el Cambio, vicepresidenta de la Comisión de Salud.
"Las grandes potencias
compiten para ver quién llega a primerio a la meta en la compra de las vacunas.
Pero hay que tener en claro que esto no significa que la primera vacuna que
aparezca sea la más eficaz. Hay que ser muy cuidadosos: esto no debe ser un
"vale todo" para las compras que realice el Ministerio de Salud, sino
un desafío para investigar y revisar con el mayor detalle las contrataciones
que se efectúen", sostuvo, por su parte, el diputado Eduardo
"Bali" Bucca, de Consenso Federal.
La prórroga de jurisdicción a
favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero es una de
las principales exigencias de los laboratorios en los contratos que se
suscriban. Esta cláusula permitiría que los juicios que pudiesen entablarse por
cualquier inconveniente en el proceso de compra de la vacuna no se realicen en
la Argentina, sino en el país donde está radicado el laboratorio con el que se
celebró el contrato.
La cláusula no regirá para
"terceros residentes" en el país, sean "personas humanas o
jurídicas", quienes conservarán su derecho de acudir a los tribunales
locales o federales del país por sus contratos.
Por otra parte, el proyecto
faculta a que los contratos a celebrarse incluyan cláusulas que establezcan
condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras
reclamaciones pecuniarias hacia quienes participen de la investigación,
desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas. "Las
indemnizaciones van a tener que ser asumidas por la industria y por nosotros
como compradores", indicó Yedlin.
Además, y también a pedido de los
laboratorios, los contratos incorporarían cláusulas de confidencialidad para
que no se develen los datos técnicos de la vacuna. El proyecto también
establece que las vacunas contra el Covid-19 no estarán gravadas con IVA ni
impuestos aduaneros, y deberán ser previamente registradas por la ANMAT y
analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).
"Esta es una ley que parece
escrita para beneficio de los grandes laboratorios", cuestionó el
diputado Nicolás del Caño, de la izquierda.
Por: Laura Serra
Leído en La
Nación
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