El
Estado debería tomar la iniciativa de funcionar como coordinador de la cada vez
más necesaria integración del sistema de salud. Existen leyes (firma digital,
receta electrónica, datos personales, derechos del paciente, entre otras),
tecnologías (software, hardware, plataformas, aplicaciones, etc) y la
experiencia de la gestión de una pandemia que sitúa a la Argentina en un
momento inédito para avanzar en este sentido.
Es
cierto que la descentralización del sistema de salud ocurrida durante el
menemismo pone al país en una situación incómoda para acordar políticas de
Estado que permitan respetar los derechos constitucionales de las personas más
allá de quién ocupe la administración pública, sea esta nacional, provincial o
municipal. No obstante, los estándares internacionales y el BUS de
interoperabilidad pueden funcionar como un salvavidas en este mar revuelto de
gobernanzas.
Para
lograrlo, primero deben desenmascararse las mezquindades que existen en el
sector, las cuales atraviesan lo público y lo privado, con funcionarios que
buscan capitalizar pequeños logros y empresas o entrepeneurs que tienen el afán
de convertirse en los “unicornios” de alguna tecnología o solución.
Este
desenmascaramiento permitirá que la ciudadanía comprenda cuál es la verdadera razón
por la cual hoy tiene tantos inconvenientes para relacionarse con el sistema de
salud, sea este público o privado. Especialmente, porque el sistema de salud
argentino es único y valorado por propios y ajenos, y viene soportando ataques
constantes para posicionar el desprestigio y así colar “soluciones” cuyos
beneficios recibirán sólo un puñado de personas.
La
base está. Existen
algunas máximas alrededor de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) que no escapan a ningún sector de la economía. Una de ellas
es que las TICs van más rápido que su regulación. Lo cierto es que hoy sin
tocar ninguna ley se puede promover la integración, valiéndose solo de
estándares, de las TICs como elemento clave para integrar al sistema de salud
con la normativa actual y las futuras, y de decisión política.
Los
estándares internacionales como SNOMED para terminología clínica, o HL7 para
intercambio de información clínica; sumado al BUS de interoperabilidad que
funciona como repositorio descentralizado de documentos clínicos; son las
principales herramientas que tiene hoy el Estado para avanzar en la
integración. Resta la decisión política para “empujar” su uso por parte de
todos los actores del sistema de salud argentino.
Decisión
política. Al
cierre de esta edición, el BUS de interoperabilidad contaba con 8.871.157
pacientes federados de 58 dominios diferentes y 144.731 en más de un dominio.
El
sector privado también debe adherir a los estándares de interoperabilidad,
subirse al BUS y que el Minsal pase a producción un recurso IPS (International
Patient Summary o Resumen Internacional del Paciente), enmarcado en HL7 que los
diferentes dominios podrán compartir en el BUS de interoperabilidad y que hoy
se encuentra en fase de testeo. Llegar a los acuerdos del recurso IPS requiere
del consenso de todos los sectores, en todas las provincias y serviría, por
ejemplo, para definir cómo se trabaja en recetas digitales.
Si
cabe nuevamente la aclaración, el BUS de interoperabilidad no almacena
información, sino que permite el intercambio. Entonces, todas las HCE tienen
que subirse a este bus, y los estados deben fortalecer estas políticas y
desarrollar capas de información para gestionar políticas públicas en salud.
La
información que se sube es un resumen, un recorte que sirve para estas
políticas de prevención y vigilancia, que harán más eficiente el sistema
sanitario en su totalidad y evitará su desmantelamiento o su ocaso por
ineficiencia dirigida.
Por Ana Amaya
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