martes, julio 04, 2017

La comunidad científica en contra de la ley anti vacunas.

 En Argentina el derecho a la salud se encuentra protegido por la Constitución y esta ley lo viola.
Ciudad de Buenos Aires (Argentina).- Aunque para algunos parece una controversia cuanto menos insólita, la importancia de las vacunas y la inmunización se constituyó en el último tiempo en uno de los debates más importantes en materia de salud del siglo XXI. Sin embargo, la discusión transgredió en los últimos años los límites de la ciencia y se convirtió en un tema político, legal y hasta filosófico.
Con el surgimiento de una corriente de pensamiento crítica de las vacunas se comenzó a consolidar un grupo importante de padres que prefieren pasar por alto los procesos de inmunización de sus hijos. Estados Unidos –uno de los países con la situación más crítica respecto de este movimiento– vio resurgir en 2014 epidemias de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa (erradicadas en el país desde 2002 y 1970, respectivamente) con más de 20.000 afectados.
Si bien en la Argentina todavía no hay un movimiento anti-vacunas consolidado, un polémico proyecto de ley puso el tema en debate.
La autora de la iniciativa, que ahora giró a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, es diputada de Unión Pro Paula Urroz.
En su artículo 1, el citado proyecto propone que “las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico, en cumplimiento del derecho al consentimiento informado establecido en el Capítulo III de la Ley 26.529″.
Asimismo, la iniciativa establece que “en los lugares públicos y privados donde se suministren vacunas de cualquier tipo deberá exhibirse de forma visible un cuadro informativo donde se advierta sobre las contraindicaciones para la aplicación de las vacunas”.
Y aclara que “en caso de presentarse efectos adversos de cualquier naturaleza, el damnificado o sus representantes legales tendrán la obligación de denunciarlos ante la Secretaría de Salud”.
Entre los fundamentos de su proyecto, Urroz establece que “las vacunas contienen componentes de naturaleza tóxica (aluminio, mercurio, polisorbatos, formaldehído, etc.) y biológicos (virus y bacterias muertas o atenuadas, restos de ADN de células de cultivo humanas y animales) que conllevan un riesgo, constatado en los hechos, de muerte, enfermedad aguda o crónica de variada naturaleza, a lo que hay que añadir la modificación del patrimonio genético”.
 “En los EEUU se compensó desde 1986 (año de vigencia de la Ley de Reparación de Efectos Adversos Vacunales) con dos billones de dólares a quienes sufrieron efectos adversos, teniendo en cuenta que según las mismas autoridades sanitarias sólo se denuncia un 10% de dichos efectos y se reconoce sólo la tercera parte de los casos denunciados como tales”, informó Urroz en su propuesta, al tiempo que consideró que “siendo un acto médico que implica posibles daños, incluso irreparables, se debe considerar el Principio Precautorio y por lo tanto, incluirse dentro del derecho al consentimiento informado”.
Consultada la médica infectóloga Lilian Testón aseguró que “las vacunas protegen la salud de los niños y adultos y salvan vidas. Previenen enfermedades graves e incluso algunas formas de cáncer”. Y remarcó: “Existen décadas de experiencia que indican que las vacunas son seguras y efectivas y lograron erradicar enfermedades como la polio (excepto en Pakistán, Nigeria, Afganistán), la viruela, la difteria (actualmente existe un brote en Venezuela por la vulnerabilidad sociopolítica en que se encuentra), el sarampión, tétanos y paperas”.
 “Entiendo que este proyecto de ley se acerca mucho al activismo anti-vacunas que existe en los EEUU y se acrecentó con las opiniones del presidente Donald Trump y sus asesores en el tema –analizó la coordinadora del Departamento de Epidemiología de Grupo Stamboulian–. Estoy de acuerdo con que los padres sepan los efectos adversos de las vacunas que reciben sus hijos, en su gran mayoría leves, y que se publican cada semana en el Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación y son informados por la mayoría de los médicos”.
Al respecto, el doctor Daniel Stamboulian, experto inmunólogo y director de Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei) señaló de manera categórica: “Las vacunas fueron y son, después del agua potable, los elementos más importantes para la reducción de las enfermedades y muertes”. Y agregó: “Los llamados ‘grupos anti-vacunas’ no tienen ningún sustento científico que los avale. Cuando existe una vacuna capaz de prevenir una enfermedad, es siempre mejor inmunizarse antes que padecer la infección. Hay que pensar que, si la persona que se enferma pertenece a un grupo de riesgo, puede tener complicaciones graves e, incluso, perder la vida”.
A su tiempo, la doctora Romina Romero, médica especializada en infectología y microbiología clínicaresponsable de microbiología en el laboratorio Bombicino Diagnósticos, resaltó que “los agentes infecciosos que provocan las enfermedades prevenibles mediante vacunación siguen circulando en algunas partes del mundo, por lo cual, en un mundo altamente interconectado, esos agentes infecciosos pueden atravesar fronteras geográficas e infectar a cualquier persona no protegida”. Para ella, “existen dos motivos fundamentales para vacunarse: por un lado, protegernos a nosotros mismos y, por el otro, proteger a quienes nos rodean. La erradicación mundial de la viruela en la década de los 80, y de la poliomielitis en la Argentina en 1984, se dio gracias a la vacunación masiva y sostenida a lo largo de generaciones y generaciones”.
Para finalizar, Testón sentenció: “No vacunar a un niño implica un riesgo social, ya que se convierte en un vector para que la enfermedad continúe la cadena de transmisión”.

Leído en Proyecto Salud

No hay comentarios.: