La crisis del coronavirus expuso la necesidad de pensar un modelo más integral, que articule la atención pública con el servicio que brindan las obras sociales y las prepagas.
Transcurridos
quinientos días de pandemia, el debate sobre el funcionamiento del sistema de
salud en la Argentina se abrió paso por su propio peso, además de ser nombrado
por el presidente y la vicepresidenta.
Con la
pandemia como aleccionadora, se pone en primer plano la necesidad de avanzar
hacia el reacomodamiento de un sistema fragmentado en tres subsistemas: el
público, las obras sociales y la medicina prepaga.
Que a su vez
están fragmentados internamente, de una y mil formas.
Y que
representan, cada uno, una magnitud enorme: unos 30 millones de personas en
teoría están cubiertas por alguna obra social --entre las nacionales,
provinciales, el Pami y otras--, otros dos millones tienen cobertura privada
--pagando directamente o transfiriendo sus aportes, desregulación mediante-- y
el resto se atiende exclusivamente en un sistema público que, sin embargo,
tiene pretensión de universalidad.
El volumen en
costo también es enorme, e igualmente fragmentado: De los dos puntos y medio
del PBI que invierte el Estado en Salud, sólo medio corresponde a la Nación; el
resto, a provincias y municipios. Si se tienen en cuenta además las obras
sociales y el gasto privado (prepagas y gasto de bolsillo), la cifra asciende a
diez puntos del producto, de los cuales el ministerio nacional maneja sólo el
0,5.
La
fragmentación, como se ve, comienza por la gestión.
Pero también
una gran inequidad atraviesa todo el sistema.
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Por Karina Micheletto
Fuente: Pagina
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