La Cobertura Universal de Salud comenzó a tomar cuerpo, con
la primera reunión de la unidad Ejecutora. Se acordó su
puesta en vigencia en 2018, gracias a la tregua lograda con
la CGT. Sin embargo, todavía no está claro de dónde saldrán
los fondos para garantizar las prestaciones.
Pese a las críticas y las dudas sobre su funcionamiento el
gobierno nacional decidió avanzar en la transformación de la
seguridad social. Con una reunión de la Unidad Ejecutora, se
dio el primer paso para la puesta en marcha de la denominada
Cobertura Universal de Salud (CUS), el proyecto que busca
dar atención a los 15 millones de argentinos que están fuera
del sistema sanitario. El sistema, recomendado por el Banco
Mundial, es según los detractores “un cambio de paradigma”
que lleva la atención a un plan de aseguramiento. El
oficialismo defiende la iniciativa, y remarcaron la sintonía
que existe con el resto de los actores para dar marcha al
CUS. Detalles de lo que sucedió en ese primer encuentro,
donde se fijaron plazos y objetivos.
La Unidad ejecutora del CUS se reunió ayer lunes, según
informó el Ministerio de Salud nacional. Esta entidad maneja
el fideicomiso de 3 mil millones de pesos que darán forma al
inicio del CUS, y que serán aportados por las obras sociales
sindicales. Por eso, en esta mesa hay dos representantes de
la CGT, además de miembros de la Superintendencia Servicios
de Salud, entre otros. “Durante el encuentro se expusieron
los proyectos que se financiarán por medio del fideicomiso y
se organizaron las próximas reuniones en las que los mismos
se analizarán con el objetivo de abrir el diálogo e
intercambiar sugerencias”, informó la cartera sanitaria
mediante un comunicado de prensa.
Más allá de lo institucional, la información que comenzó
circular marca algunos de los puntos destacados del CUS.
Fuentes del encuentro confirmaron a MIRADA PROFESIONAL que
se acordó que recién el año que viene se ponga en marcha el
sistema. “Hasta el 2018, la pelea estará centrada en los
fondos para hacer funcionar el sistema”, afirmaron las
fuentes. En este sentido, se supo que por el momento no está
presupuestado en el proyecto de gastos del año que viene los
fondos para poner en marcha el CUS. “Los ministros no saben
de dónde saldrá el dinero, pero confían que se conseguirán”,
agregaron.
El CUS estuvo en duda luego que Luis Scervinio dejara de ser
titular de la SSS, en medio de la pelea con los gremios de
la CGT. Es que según determinó el decreto 908/2016, firmado
a mediados del año pasado, para financiar el CUS se
destinarán, “por única vez”, 8 mil millones de pesos del
Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que pertenece a las
obras sociales sindicales. Las negociaciones avanzaron en
las últimas horas, y según las fuentes el apoyo al CUS “fue
parte de la tregua lograda por el gobierno y la central
obrera”. Otra de los acuerdos alcanzados es terminar de dar
forma a la nueva agencia de tecnología médica, que decidirá
qué medicamentos y estudios deberán cubrir de manera
obligatoria las obras sociales.
Los críticos al CUS hablan de un sistema que funciona casi
como una privatización. “Lla CUS, en la medida que es una
estrategia de seguro y no de salud pública, va en contra del
sistema que tiene el país, que es el subsidio de la oferta,
es decir, poner plata en hospitales y centros de salud
públicos para atender gratuitamente a la población. Acá, se
saca la plata de los hospitales y se la pone en un seguro, y
que la gente con el carnet pueda atenderse en el sistema
público o privado a conveniencia”, dijo en una reciente
entrevista con MIRADA PROFESIONAL Jorge Yabkowski, titular
del gremio nacional de médicos FESPROSA. El profesional
sostuvo que la cobertura será “la obra social de los
pobres”, e implica “un grave retroceso en el derecho a la
salud, porque no sólo se bastardea al hospital público como
garante de la salud sino que además se abre oportunidades
para el privado”. “Lo que garantiza el Estado, según dice el
propio decreto de creación, no es la atención de la salud
integral, sino una canasta básica de prestaciones, que
determinará una comisión evaluadora de Ciencia y Tecnología,
que además de determinar que medicamentos entran en la
seguridad social, para evitar lo juicios. Ellos mismos van a
determinará cuál es la canasta básica del CUS, en el sector
público. Esto hace que no haya atención integral. Por eso
decimos que hay una vuelta de tuerca hacia la
privatización”, concluyó.
Leído en Mirada Profesional
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