Representantes de la Federación
Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) y las autoridades de la Federación
de Asociación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) participaron de una
reunión en la que compartieron la preocupación por la situación del sector de
los prestadores de salud.
Representantes del sector empresario y de los trabajadores de
la salud analizaron la crítica situación del sector prestador de salud privada
que, de no tomarse medidas urgentes, no contará con los recursos necesarios
para poder atender normalmente a la población a partir de enero de 2021.
El sector prestador de la salud privada está compuesto por
clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios de análisis clínicos,
empresas de emergencias médicas, empresas de internación domiciliaria,
entidades de diagnóstico y atención ambulatoria, diálisis, clínicas de salud
mental y establecimientos geriátricos. Representa un sector crítico en el plano
sanitario -atiende a 7 de cada 10 personas en el país- y en el económico, ya que
emplea a la mayoría de los y las profesionales y técnicos de la salud.
Más de 5500 empresas prestadoras de salud privada atraviesan
una crisis fuertemente agravada por los efectos de la pandemia, por el abrupto
aumento de costos, ingresos congelados y la decisión del Gobierno de finalizar
el plan de ayuda a través del ATP y el decreto 300-2020 a partir del 31 de
diciembre de este año. El sector viene sufriendo una crisis estructural desde
2002, cuando se declaró la Emergencia Sanitaria por primera vez.
Los prestadores de salud deben afrontar altos costos en
dólares de insumos médicos e infraestructura, además de una fuerte presión
tributaria, por la que, por cada 10 pesos que ingresan, el sector paga 4 pesos
de impuestos.
“Estamos frente a un escenario económico, financiero y
sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos
prestadores de salud”, explicó José Sánchez, presidente de la recientemente
conformada Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), que representa
a cámaras y federaciones de empresas prestadoras de salud de todo el país.
En este contexto, desde la FAPS explicaron que “la pandemia
profundizó el estado de emergencia como consecuencia de las subas en los costos
operacionales a partir de la implementación de protocolos de distanciamiento y
la aparición de nuevos costos por efecto de los insumos especiales para la
atención del COVID 19; el incremento de costos salariales para contar con
personal licenciado por riesgo, aislado o contagiado, y otros costos que generó
la abrupta caída en la demanda de atención médica ante las restricciones de
circulación y el temor de la población al contagio”.
“Desde el inicio de la pandemia mantuvimos un diálogo
constructivo con el ministerio de Salud, el ministerio de Trabajo, la
Superintendencia de Servicios de Salud y los representantes de los
trabajadores. En esas mesas de trabajo explicamos la problemática del sector.
Si bien se implementó el ATP y el decreto 300 hasta el 31 de diciembre, el
gobierno decidió retirar toda la ayuda a partir de enero, situación que
generará un colapso del sistema”, explicó por su parte Jorge Cherro, presidente
de Adecra, una de las cámaras integrantes de la FAPS.
En reuniones con representantes del Gobierno nacional, la
FAPS elevó distintas propuestas para alcanzar una solución a tiempo de esta
crisis, tales como el aumento de las tarifas de los financiadores y un
reordenamiento impositivo que deje de ahogar al sector y le permita sostenerse
de manera sólida y sustentable.
“Los prestadores privados de todo el país entendimos que
tenemos que trabajar juntos para poder motorizar las soluciones que necesita
nuestro sector. Generamos miles de puestos de trabajo, invertimos en el país y
le damos salud al 70% de la población. En el interior, la situación es crítica
debido a que la mayoría de las empresas son Pymes y no tienen espalda para
afrontar esta crisis. Muchos prestadores no pueden pagar cargas sociales desde
el 2002 y acumulan deudas millonarias con el Estado”, concluyó José Luis Sánchez
Rivas, presidente de la CONFECLISA, miembro también de la FAPS.
Representantes de la FAPS reconocieron que, si no se definen
soluciones inmediatas desde el Gobierno nacional, las instituciones prestadoras
de salud privada deberán implementar distintos mecanismos para priorizar las
atenciones médicas de acuerdo con su urgencia y complejidad, como consecuencia
del faltante de recursos proyectado para 2021.
Asimismo, advirtieron la necesidad “impostergable” de
trabajar en medidas económicas estructurales que den sostenibilidad al sector.
Las entidades que conforman las FAPS:
·
ADECRA (Asociación
de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina)
·
CEDIM (Cámara de
Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio);
·
CEPSAL (Cámara de
Entidades Prestadoras de Salud);
·
CONFECLISA (Confederación
Argentina de clínicas Sanatorios y Hospitales Privados),
·
CADIME (Cámara de
Instituciones de Diagnóstico Médico)
·
AAEG (Asociación
Argentina de Establecimientos Geriátricos)
·
CACEP (Cámara
Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos)
·
FEM (Federación de
Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria)
Prensa Federación
Argentina de Prestadores de Salud (FAPS)
Leído en Inversor
Salud
No hay comentarios.:
Publicar un comentario