Un análisis simple del sistema de salud supone un escenario donde confrontan
recursos públicos y privados ante necesidades permanentes o circunstanciales de
la población: en un polo están los recursos (oferta) y en otro las necesidades
(demanda). El sistema presenta dos grandes estratos: los habitantes con ingresos
medios o altos y los trabajadores formales que tienen acceso a servicios
privados y cuentan con cobertura de obra social (OS) o prepago; y los de bajos
ingresos y trabajadores informales que carecen de cobertura y son usuarios de
servicios públicos (hospitales y centros de salud).
Para proteger este sector, el Ministerio de Salud promueve la Cobertura
Universal de Salud (CUS). Toda la población quedaría integrada a la Seguridad
Social (SeS). Se contempló a los dos estratos: los beneficiarios de la CUS
tendrán una Canasta Básica de Prestaciones (CBP) del sector público, junto con
descuentos en medicamentos y derivaciones a prestadores privados. Los que tienen
cobertura seguirán accediendo al Programa Médico Obligatorio (PMO).
La ejecución se hace mediante convenios de adhesión de los ministerios
provinciales, que deberán aprestar sus servicios según las normas acordadas.
Pero es difícil lograr una reconversión exitosa para atender los mismos
pacientes con una gestión administrativa distinta: se requerirá un cambio en la
cultura filantrópica que allí predomina. Los instrumentos nombrados -CUS, CBP,
PMO- son parte de la oferta. Enfocados desde la demanda, son los carentes de
cobertura los que deberían adoptar la CUS: esto implica un padrón provincial o
nacional, un carnet, una historia clínica electrónica y registros de SeS, como
los trabajadores formales.
No es atractivo para usuarios que acceden a esos servicios sin cargo y con
registros locales. Es un sector de población habituado a la economía informal,
que va a resistir circuitos formales que puedan implicar otras cargas
tributarias. Para que la CUS resulte atractiva deberá ganar su voluntad. El
Seguro Popular de Salud de México logró insertarse en la población sin
cobertura, después de varios años de educar a los usuarios.
El proyecto de ley de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías (AgNET)
tiene un trámite parlamentario discutido. Los países con sistemas estructurados,
cuentan con este tipo de agencias: avances en investigaciones e innovaciones
tecnológicas pueden no tener respaldo científico suficiente y debe evaluarse qué
cambios favorecerán la salud. La motivación original de la AgNET desde hace una
década, es la llamada “litigiosidad indebida”, por la que han reclamado obras
sociales y prepagos, debido a costosos tratamientos de efectividad discutible,
donde los jueces laudan a favor del pedido del paciente sin muchos fundamentos
técnicos. La experiencia de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México
resuelve la mayoría de los conflictos entre Seguridad Social y beneficiarios,
antes que alcancen estado judicial. Aunque sea necesario tener estudios
rigurosos, la AgNET está diseñada para la oferta; definirá qué prestaciones van
a incorporarse al PMO, en vez de precisar cuáles serán los problemas
prioritarios y con qué nivel de cobertura, protegerán la salud de los afiliados.
Más salud no implica optar entre estrategias basadas en oferta o demanda, sino
en un equilibrio que derive en un desempeño racional del sistema.
Por Hugo E. Arce para LA NACION
Médico Sanitarista, miembro del Grupo PAIS.
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