Se trata de la Agencia Nacional
de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet) que tendrá a su cargo la
evaluación de medicamentos y procedimientos clínicos o quirúrgicos, con el
objetivo de determinar su posible inclusión en el Programa Médico Obligatorio
(PMO).
Junto con el proyecto de
blanqueo laboral, el Gobierno envió al Senado una iniciativa
que dispone la creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de
Tecnologías de Salud (Agnet), un organismo que tiene como fin
la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos e instrumentos,
técnicas y procedimientos clínicos y quirúrgicos con el objetivo de determinar
su posible inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
En los hechos, el proyecto apunta
a atender una vieja demanda de obras sociales y prepagas, que reclaman un freno
a lo que interpretan como una nueva “industria del juicio” en materia de salud
a partir de la multiplicación de amparos que obligan a esos prestadores médicos
a garantizar la cobertura de medicamentos y tratamientos no incluidos en el
PMO.
El proyecto oficial señala que la
Agnet tendrá como función analizar y evaluar el impacto económico y social de
la incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria, y
establece que será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda
clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria. Al respecto,
define que sus dictámenes, que se determinarán por mayoría simple de los 5
miembros de la futura agencia, serán de “carácter vinculante” para todos los
organismos del estado nacional, de las jurisdicciones que adhieran y de los
sujetos alcanzados por su actuación.
El proyecto apunta a atender una
vieja demanda de obras sociales y prepagas, que reclaman un freno a lo que
interpretan como una nueva “industria del juicio” en materia de salud.
La Agnet, según la propuesta del
Ejecutivo, conformará un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio
de Salud, con autoarquía económica, financiera, personería jurídica propia y
capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.
“Tiene por objeto la realización
de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos,
técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos, y de cualquier otra naturaleza
que sean utilizados para prevenir, crear o rehabilitar la salud a fin de
determinar la oportunidad y modo de su incorporación, uso apropiado o exclusión
del PMO, la canasta básica de prestaciones que se determine para el sector
público o los que en el futuro los reemplacen. Dichos estudios se
realizarán de acuerdo con criterios de efectividad, eficiencia, equidad, y
teniendo en cuenta su valorización ética, económica y social”, señala la
iniciativa.
Los números de la realidad
parecen justificar el apuro oficial por la creación del organismo y el respaldo
que la iniciativa reúne entre los actores del sistema de salud. Según los últimos
datos oficiales, entre enero y octubre de 2017 se presentaron ante la justicia
2802 amparos que reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir procedimientos,
medicamentos o instrumentos médicos no incluidos en el PMO.
Según los últimos datos
oficiales, entre enero y octubre de 2017 se presentaron ante la justicia 2802
amparos que reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir procedimientos,
medicamentos o instrumentos médicos no incluidos en el PMO.
A partir del registro que releva
la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en base a los informes
suministrados por los efectores del seguro de salud, de esas 2802
presentaciones, 1668 casos correspondieron a reclamos por motivos generales
como medicamentos (335), afiliación (527), cirugías (190), prótesis (71) y
problemática prestacional (423), en tanto que los restantes 1134 estuvieron
motivados por planteos en materia de discapacidad (prestaciones, transporte,
seguridad, afiliación, etc.).
Respecto al total de demandas,
solo fueron rechazados por los jueces 11 amparos, es decir apenas el 0,4% de
las presentaciones iniciadas. El resto de los casos culminaron con fallos que
determinaron que obras sociales y prepagas debían asegurar la cobertura de los
servicios médicos reclamados, que representaron importantes erogaciones para
las cuentas de esas prestadoras. Según estiman entre empresas de medicina
privada y prestadoras sindicales, los amparos representan cerca del 15% de sus
costos totales, una proporción en ascenso por el incremento de las demandas en
la Justicia. Solo en los primeros 10 meses de 2017 la cantidad de amparos
registró una suba de 30,5% respecto de los 2146 amparos presentados en 2016 y
un incremento de 52% si se compara con los 1853 iniciados en 2015.
Leído en Tres Líneas Clipping.
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