Desde hace más de cuarenta años, el
Instituto se ocupa de la cobertura sanitaria de los jubilados y pensionados a
lo largo de todo el país
Desde
su creación, hace casi cincuenta años, el PAMI ha tenido como principal
objetivo brindar asistencia médica integral a las personas mayores.
Técnicamente se lo conoce como Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP), y actualmente se posiciona como la obra
social más grande de Latinoamérica, con 5 millones de afiliados, entre
jubilados, sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas.
El
sistema en sí mismo parece ideal. Las
personas trabajan durante toda su vida y aportan parte de su sueldo a una obra
social de su elección para tener una cobertura de salud. Una
vez que se jubilan pasan automática a formar parte de los afiliados de PAMI,
excepto en casos puntuales en los que las obras sociales absorben a sus
jubilados, aunque es una situación infrecuente.
Al
ser una entidad que depende del Estado, algunas medidas pueden variar de
acuerdo a la gestión de turno. En función de algunas variables, sobre todo de
decisiones políticas y económicas, las determinaciones que se toman en el PAMI
pueden funcionar en beneficio o en perjuicio de los afiliados. En este sentido,
en los últimos años el Instituto ha tenido vaivenes relacionados a los aspectos
mencionados, sobre todo después del cambio de Gobierno. Los cambios que
tuvieron lugar desde el comienzo de la nueva gestión se deben, según han
explicado en varias oportunidades desde el oficialismo, a la búsqueda de la
optimización del servicio de la obra social.
¿Qué
pasó, entonces, en los últimos tres años en el PAMI y cómo afectó a los
afiliados?
Una de las primeras medidas del actual gobierno fue
reducir la lista de medicamentos que se entregaban, hasta ese momento, de
manera gratuita. A partir de entonces, los
jubilados y pensionados afiliados al Instituto comenzaron a pagar esos
fármacos, ya que según alegó la gestión oficial, se habían detectado una serie
de irregularidades, en combinación con el vencimiento del contrato iniciado en
2002.
El
listado incluía alrededor de 160 medicamentos de "consumo extendido"
entre los afiliados, de acuerdo a las palabras de la resolución del INSSJP.
Entre ellos, los más comunes eran algunas variantes de la amoxicilina,
compuesto utilizado para enfermedades respiratorias, o productos conocidos como
Alplax Digest o Bronquisedan (ambroxol+butetamato).
En
aquel momento, dado que el Gobierno había cambiado hacía pocos meses, las
autoridades del instituto corroboraron "miles de casos de afiliados
fallecidos a quienes se seguía recetando cientos de fármacos obsoletos o sin
efectividad clínica comprobada dentro de sus listados y una insostenible falta
de controles internos", indicó el organismo en un comunicado de prensa.
El recorte formó parte del "Plan de
Medicamentos Sustentable" impulsado por el PAMI, que tuvo la intención de
"fomentar las mejores prácticas profesionales y mejorar los controles para
hacer más eficiente el sistema".
La
obra social precisó que los remedios excluidos del 100% de la cobertura fueron
examinados por una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, en el
contexto de un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA). La conclusión
de ese reporte arrojó que dichos fármacos no representan "beneficios
clínicos significativos", de acuerdo a la "evidencia médica
disponible".
El
PAMI alertó, sin embargo, que los medicamentos excluidos mantendrían una
cobertura normal, con descuentos de entre del 50 y 80 por ciento. Esto implicó
que no quedaron completamente excluidos de los fármacos de cobertura del
Instituto, sino que pasaron a formar parte de la lista de medicamentos con
cobertura estándar.
El
2017 comenzó, y continuó, como un año de cambios en el PAMI.
Una
de las primeras modificaciones que se hicieron, aunque no tuvo impacto directo
en los afiliados, fue el cambio de su titular. Carlos Regazzoni, quien desde la
asunción del gobierno de Cambiemos había estado al frente del organismo, fue
removido. En su lugar ascendió Sergio Cassinotti, quien hasta entonces había
sido titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de
los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires.
La
primera medida de la nueva gestión fue cambiar el modelo de financiación
respecto de las clínicas y laboratorios. Desde
su asunción, el flamante titular puso en marcha una renegociación con las
clínicas y laboratorios que, en aquel momento, generó malestar en el sector. En
aquel momento, según habían expresado varios medios, los prestadores lo habían
calificado como un "cambio abrupto de modelo" y, así, habían
cuestionado los nuevos términos de trabajo.
Sin
embargo, la gestión siguió adelante con su determinación, dado que desde mayo
de ese año los jubilados estuvieron obligados a ir a una clínica, al tiempo que
el PAMI debía pagar un precio fijo por cada uno de ellos.
¿Cómo
funcionaba el sistema anteriormente? En los años previos a que se tomara esta
decisión, cada afiliado se atendía donde quería y el PAMI actuaba como una
prepaga que cubría sus gastos.
A
partir de la nueva medida, las clínicas comenzaron a alegar que el precio fijo
que ofrecía el ente estatal estaba muy por debajo de lo que necesitaba para
cubrir los gastos. En aquel momento, el monto
establecido fue de $420 por mes por cada paciente y cada clínica tendría un
número fijo de pacientes. De acuerdo a las denuncias de los
prestadores de servicios de salud, para cubrir los gastos por cada persona necesitaban
aproximadamente $650, es decir, $230 más que lo que el organismo les
ofrecía.
De
acuerdo, una vez más, a los prestadores, la medida resultaría perjudicial para
los afiliados, dado que acabaría en una reducción en los costos, lo cual desembocaría
en una mala atención a los pacientes.
Pasados
algunos meses de esa primera explosiva medida, el PAMI volvió a posicionarse en
las primeras páginas de los diarios y de todos los portales. Esta vez, el
organismo había decidido rescindir el convenio con la industria farmacéutica,
que se hizo oficial desde las 00 horas del día 29 de junio de aquel año.
Cassinotti, titular del instituto, había aclarado en aquel momento que los
afiliados no se verían afectados de ninguna forma por la nueva medida, ya que
los medicamentos seguirían disponibles "en todas las farmacias del
país" a partir del comienzo de su implementación.
El
objetivo del titular del PAMI era discutir un nuevo convenio, por lo que dio de
baja el anterior con 60 días de anticipación, como prevé la normativa
interna. De acuerdo a sus declaraciones,
había "una deuda de $900 millones, que son débitos que se acumularon
durante meses y que tienen que ver con diferencias entre lo autorizado y lo
dispensado, con diferencias de troqueles, con códigos de autorización
incorrectos".
Como
respuesta, los laboratorios farmacéuticos nucleados en Cilfa, CAEMe y Cooperala
enviaron una carta documento en la que rechazaron la girada por la obra social,
por considerarla "improcedente, abusiva y contraria al principio de buena
fe".
Pasada
la mitad del 2017, el instituto tomó otra medida, aunque esta vez algo menos
polémica y sin relación alguna con la cobertura de los medicamentos. En ese
momento, se lanzó un nuevo sistema de Orden Médica Electrónica (OME), que
debían comenzar a usar los médicos de cabecera de los afiliados para prescribir
prácticas, estudios complementarios, diagnósticos por imágenes, atención
domiciliaria y derivación a especialistas.
Según
había informado el Instituto, la OME sería obligatoria para todos los
profesionales, debía ser impresa, llevaría la firma y sello del médico para
darle validez -sin excepción- y sería presentada por el afiliado al momento de
solicitar el estudio.
A
diferencia de la tradicional orden médica en papel -que no desaparecería, sino
que conviviría con la orden electrónica-, la OME tendría el doble de vigencia,
es decir 60 días desde su fecha de su emisión. Esta medida apuntó a que el afiliado tuviera un mayor margen de tiempo
para realizarse los estudios y no tener que volver al consultorio para hacer
una nueva orden en caso de vencimiento.
Así,
la segunda mitad del 2017 pasó sin demasiadas novedades y llegó el 2018, año en
el que se tomaron una serie de determinaciones con el objetivo de mejorar el
servicio prestado a los afiliados, al igual que las prestaciones incluidas en
el plan.
En
cuanto a la cobertura de medicamentos, según la información oficial de PAMI,
aumentaron en parte los porcentajes. Así, apuntan a que los jubilados y
pensionados puedan acceder a una mayor cantidad de productos relacionados a su
salud con un precio más acomodado al presupuesto del que disponen -que en
algunos casos es apenas una jubilación mínima-.
Los
medicamentos para patologías agudas tienen una cobertura del 50%, por lo que el
afiliado solo paga la mitad en todas las farmacias que trabajan con PAMI. Por otro lado, los fármacos para tratamiento de
patologías agudas tienen entre un 50 y un 80% de cobertura. Por
último, hay otros grupos de artículos en los que este porcentaje sube a un
100%. Los hipoglucemiantes, la insulina y las tiras reactivas; la medicación
oncológica, contra el HIV y otros tratamientos especiales; los fármacos para
pacientes con algún tipo de discapacidad. De la misma manera, es total el subsidio
social para medicamentos ambulatorios y crónicos.
Otra de las medidas del PAMI en esta
etapa fue el cambio de la credencial que utilizan los afiliados para cualquier
tipo de servicio del que requieran a la obra social. Hasta entonces, todos los
jubilados y pensionados tenían una identificación de papel plastificada, que
contenía todos sus datos pero que no cumplía otra función.
En cambio, la credencial nueva es de
plástico, tiene una banda magnética y un código QR, que permite verificar la
identidad más rápidamente. Así, agiliza y simplifica los trámites que el
afiliado necesita, al tiempo que incorpora nuevos sistemas de gestión y
control.
El cambio se
implementó a mitad del año pasado y el proceso de distribución y entrega de las
nuevas tarjetas estaba previsto para terminar en abril de 2019.
Si bien se trata de una medida más
interna que en relación a los afiliados, es importante considerar que el 2018
PAMI también implementó un sistema de gestión documental electrónica (GDE, como
se lo conoce oficialmente). Con un proceso de implementación progresiva, tiene
como meta agilizar y eficientizar algunos trámites, al tiempo que ofrece mayor
seguridad a los documentos generados por la entidad. Como parte de este proceso
de digitalización, algunas áreas de PAMI comenzaron a enviar y recibir
documentación por dicho sistema. Así, algunos Expedientes Electrónicos, GEDOS
(Documentos Oficiales), Notas y Providencias, entre otros.
En octubre de 2018 llegó una de las
medidas que tuvo más resonancia en los medios y, por supuesto, en los afiliados
a PAMI. Sergio Cassinotti, titular del instituto, y el presidente Macri
protagonizaron una conferencia en la que anunciaron el cambio rotundo en la
forma de compra de los medicamentos. Si bien la manera de comprar de los jubilados
y pensionados no cambió, lo que sí se modificó fue la forma de adquisición de
los productos para las farmacias. El nuevo convenio eliminó la intermediación
de las cámaras del sector -Cámara Industrial de Laboratorios Argentinos (CILFA)
y de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala)-, lo cual
rompe con el statu quo vigente desde 1997, según recordó el Presidente en el
acto de anuncio de la medida.
Hasta ese momento,
las compras de medicamentos se hacían a través de los mencionados
intermediarios, que tenían el poder de disponer quiénes eran los vendedores y
luego pactaban un descuento.
A raíz de esta nueva medida,
entonces, el PAMI comprará los medicamentos sin intermediarios, es decir,
"laboratorio por laboratorio". De esta manera, se busca ampliar la
red de prestadores a todo el país, de modo que la oferta crezca y la
competencia sea más justa, de acuerdo a la información de la web oficial del
instituto.
Además, el convenio incluyó cambios
en la forma de pago a las farmacias, que a partir de ese momento empezaron a
cobrar directamente del PAMI. La finalidad última de la medida fue tener mayor
control sobre los precios de los medicamentos, al igual que garantizar los
pagos y acceder a información de valor para generar políticas de salud
beneficiosas para los afiliados del instituto.
No obstante esto, es importante tener
en cuenta que los porcentajes de cobertura no variaron en ninguna de sus
categorías, por lo que esta medida no impactó directamente en el
afiliado.
En 2019 las medidas
todavía fueron pocas, ya que el año lleva apenas cuatro meses de comenzado. Sin
embargo, una de las principales está relacionada a la entrega de medicamentos
oncológicos, un aspecto clave para la salud de los pacientes.
La obra social de jubilados y pensionados
PAMI anunció que desde el 1° de febrero ha comenzado a agilizar la entrega de
drogas oncológicas, ya que las sumó al nivel de autorización de agencia o
Unidad de Gestión Local (UGL). ¿Qué significa esto? Que antes de la
determinación "algunas solicitudes de medicamentos que debían ser
evaluadas en Nivel Central, desde ahora serán autorizadas en las agencias o UGL
de PAMI", informó el Instituto. Esta medida es complementaria a otra
tomada en 2017, cuando comenzó la autorización de drogas oncológicas a nivel de
Agencia o UGL, es decir, sin necesidad de ser elevada a Nivel Central. Según
informó PAMI, esto permitió "agilizar los procesos de aprobación de esos
medicamentos". En la actualidad, el
50 por ciento del consumo de drogas oncológicas se autoriza a nivel local,
sostuvo el PAMI en un comunicado de prensa.
El organismo detalló, además, cada
una de las drogas que están alcanzadas por esa nueva determinación, de modo que
los afiliados puedan estar al tanto del impacto que tiene la medida sobre su tratamiento.
Los fármacos en cuestión son: Anastrozol, Letrozol, Bicalutamida , Ciproterona,
Busereline, Goserelin, Acetato, Leuprolide, Acetato, Triptorelina, Tamoxifeno,
Dietilestilbestrol, Flutamida, Medroxiprogesterona y Meprednisona. Además, a
partir del 1° de febrero pasado, las drogas oncológicas Anastrozol, Letrozol,
Bicalutamida, Tamoxifeno y/o Ciproterona se prescriben de manera trimestral,
mientras que la autorización se realiza por un término de seis meses, detalló
el organismo estatal. De esta forma, los afiliados que requieran los
mencionados medicamentos solo deberán ir a la farmacia una vez cada tres meses
en lugar de todos los meses como ocurría hasta ahora. En las prescripciones, el
médico deberá indicar la cantidad de envases trimestrales que requiere el
paciente según su tratamiento en ese período.
En conclusión, estas fueron las
medidas más importantes que se tomaron desde el PAMI en los últimos tres años y
medio, casi cuatro. La realidad es que es difícil hacer un balance, dado que
algunas han sido beneficiosas para los afiliados y otras los han perjudicado
significativamente. No obstante, es posible afirmar que actualmente el
Instituto no se encuentra en su mejor situación, existen dificultades con las
prestaciones y con las coberturas de algunos medicamentos o servicios y, en
muchas ocasiones, los afiliados deben luchar por que se cumplan sus derechos y
se les brinde el servicio adecuado y necesario.
